Naturaleza vulnerable en el Litoral: ríos bajos y un negocio que amenaza los recursos de todos

La bajante histórica de las aguas ha dejado a la luz un problema que no es nuevo y que amenaza la principal riqueza de nuestros ríos: su población ictícola.

La pesca artesanal fue y es un medio de vida para generaciones de isleños. Pero exportar pescado de río amenaza un recurso que no puede abastecer una demanda infinita.

Por Wilmar Merino

La situación actual de los ríos Paraná y Uruguay, con bajísimo caudal de agua, está enmarcada en un período de sequías en el Sur de Brasil que si bien es cíclico reviste este año algunas características particulares. El hermano país cuyas represas (la última, Baixo Iguazú, inaugurada el año pasado) no están funcionando a pleno en virtud de la pandemia del coronavirus que paraliza una economía con menores requerimientos energéticos, no permite el flujo de agua habitual hacia los tramos inferiores del río que ingresan en territorio argentino. Esto contribuye, aunque no determina a la mentada sequía (factor principal) dejando a nuestra población ictiológica en estado de suma vulnerabilidad e invita a una reflexión sobre el uso/abuso de un recurso que para algunas provincias merece preservarse con una veda total de pesca deportiva y comercial, mientras que para otras mantiene condiciones hídricas y poblacionales que presuntamente avalan la pesquería comercial, mientras mantienen la prohibición de pesca a los pescadores deportivos. ¿Son los deportivos la amenaza al recurso?

En este marco, Corrientes, Misiones y Chaco (que a principios de mes había autorizado al retorno de la pesca comercial tras el primer período de cuarentena y luego revirtió la medida) decretaron la veda total de pesca (deportiva y comercial) en sus respectivas provincias. No es el caso de Santa Fe y Entre Ríos, epicentro del gran negocio que amenaza las poblaciones del río: el de la exportación de pescado. En estas provincias, aun en tiempos de pandemia donde millones de argentinos somos invitados a “quedarnos en casa”, los llamados “pescadores artesanales” siguen proveyendo de sábalos y otras especies a los camiones de grandes frigoríficos que se llevan la parte del león en un negocio millonario.

Los llamados “pescadores artesanales” siguen proveyendo de sábalos y otras especies a los camiones de grandes frigoríficos que se llevan la parte del león en un negocio millonario.

El Estado argentino recibe solo un 5% por derecho de exportación y al pueblo argentino le quedan sus ríos del litoral cada vez más expoliados. Pero cabe consignar que de ese presunto beneficio de sostener estas pesquerías en que se benefician el Estado y la administración de cada provincia, se vuelve pérdida en tiempos como éste, donde los malloneros y pescadores artesanales no pueden ejercer su actividad. Pues allí los subsidios a las familias que se benefician (o son explotadas, según la mirada) por actividad, no salen de sus empresas con históricas y millonarias ganancias, sino de las administraciones provinciales y el Estado nacional, que conforman un sueldo de ($20.000 por la provincia y $10.000 por el Estado nacional) para paliar su situación. De ahí que, muchas veces, por no pagar esos subsidios, se los deja pescar y los costos los paga el río. Este trasfondo de procurar evitar subsidiar a estos sectores (que también se les daba en tiempo de veda cuando las especies de valor comercial están en tiempo de fresa) hace que se apele a subterfugios como la famosa “veda extendida” (esto es, en vez de proteger los peces cuando desovan, se “prorratea” una veda a lo largo de todo el año suspendiendo dos días por semana la actividad de los comerciales). Esto desprotege a los peces en su momento más vulnerable, pero ahorra millones a las administraciones provinciales.

La paga por cada pieza al pescador suele no pasar de U$s 0,30. Esto hace que ahora se privilegie el volumen a la calidad de piezas.

La postura de biólogas como Eliana Eberle (fuente de consulta del Gobierno santafesino a través de su Ministerio de Producción), entiende que el río da para seguir pescando, pero choca claramente con el alerta que desde hace años (es decir mucho antes que esta bajante pronunciada y la pandemia) vienen sosteniendo sobre la explotación pesquera biólogos como Claudio Baigún y Norberto Oldani, referentes con años estudiando poblaciones del Paraná, en quienes nos referenciamos los pescadores deportivos. Estos autores han dado cuenta de que la especie Surubí, frecuente víctima de la pesquería incidental de sábalo, se encuentra en un estado crítico dado que “la población de reproductores no alcanza el 10%”, mientras que para sostener una pesquería comercial debería ser al menos de la mitad de los ejemplares de la especie. “Esto es grave, teniendo en cuenta que el surubí puede reproducir después de los 90 cm, talla que alcanza a los 5 o 6 años”, señalan. Para estos especialistas, el surubí es la próxima gran especie condenada a desaparecer masivamente de nuestros ríos, como ya lo hicieron el pacú y el manguruyú. Y respecto de la especie que representa el pan del río para toda la cadena biológica y resulta el gran transmisor de energía en toda la cadena trófica, el sábalo (que representa el 60% de la biomasa), mientras el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca sostiene que está especie está reproduciendo a partir de los 32 cm, los citados biólogos Oldani y Baigún entienden que una pesquería sustentable debería contemplar su reproducción a partir de los 42 cm.

La pesca deportiva, aun con devolución, está prohibida por la.pandemia. No así la comercial.

Por su parte el abogado Néstor Baldacci, que fue presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Santa Fe y miembro del Consejo Provincial Pesquero de Santa Fe, sostiene que “ya de por sí la actividad de pesca comercial, como se desarrolla en nuestra región (Paraná medio) es inconcebible desde el punto de vista ambiental. Hay un constante saqueo de un recurso natural renovable pero también vulnerable”. Y por eso advierte que ante esta bajante extrema “Mantener o habilitar la pesca comercial es un verdadero atentado contra un recurso natural renovable pero sumamente frágil por la presión a la que hace décadas se ve sometido” (Fuente: declaraciones al diario El Litoral).

El surubí es la próxima gran especie condenada a desaparecer masivamente de nuestros ríos, como ya lo hicieron el pacú y el manguruyú.

Más allá de que algunos especialistas que trabajan para provincias (las que se niegan a la veda) sostienen que la población de peces es “estable”, la realidad indica que en 20 años de pesca comercial los pescadores comerciales han pasado de una pesca de ejemplares de “calidad”, con mallas grandes, a una pesca de “volumen”, donde es frecuente el uso de malla de 12 cm o “triple tela” que atrapan prácticamente todo. Dichos funcionarios santafesinos hablan de la necesidad de intensificar las fiscalizaciones a los pescadores comerciales. La realidad hoy por hoy en Santa Fe es de cuatro guardafaunas y en Entre Ríos no más de 15, abocados a funciones que no siempre son las de cuidar 800 kilómetros de costa. Las políticas de control del recurso, han sido prácticamente desarticuladas. Agravando la situación, por estos días de bajante extrema, se han visto tristísimas masacres de pescadores particulares y comerciales que desafiando la cuarentena efectuaron verdaderas “cacerías” de ejemplares de surubí en aguas bajas, exponiendo sus “hazañas” en redes sociales ante un repudio generalizado.

Los cardúmenes quedan concentrados en los grandes cursos por la bajante y su pesca se hace fácil para los comerciales.

En contraposición a estos modos de presión de un río en una situación crítica, los cabañeros y guías de pesca deportivos que ejercen una actividad sustentable, por estos días no pueden pescar, y no hay subsidios para muchas de estas pymes que emplean desde 20 a 60 personas dando sustento a numerosas familias locales, generando arraigo e identidad, haciendo uso de un recurso que deben preservar para subsistir. Rubén Casares, propietario del “Rancho Pelo Largo” nos da una cuenta del fenómeno: “En Esquina solo debe haber unos 70 hospedajes de pesca que dan trabajo a unas 20 personas como en mi caso y hasta 60 en cabañas más grandes. Solo hablando de guías de pesca, Esquina debe tener unos 450 guías. Similar número de guías de pesca trabaja en Paso de la Patria, Goya debe tener unos 150 a 200 y Bella Vista otros 50. Si seguís sumando a lo largo de toda la ribera, desde Ituzaingó (Corrientes) hasta las Paz (Entre Ríos) debemos ser unos 1.000 guías”. Resulta llamativo que unos kilómetros más abajo, cambiando Corrientes por Entre Ríos, en Santa Elena la ecuación favorece a los comerciales: 150 comerciales empadronados que hoy por hoy pueden trabajar, contra 20 guías de pesca y 12 hospedajes y cabañas que hoy ven sus ingresos reducidos a cero. Para los funcionarios entrerrianos, los pescadores comerciales “son parte de “un desarrollo importante de la pesca artesanal, la pesca comercial, que en nuestra provincia tiene unos 1500 pescadores habilitados con carnet de pesca, mas mano de obra en frigoríficos que nos obligaría a dar alguna respuesta desde lo social ante una veda total”, señala el exdiputado nacional Juan José Bahillo, responsable del Ministerio de la Producción de Entre Ríos. Lo llamativo es que pese a que admite que estamos ante “una situación muy excepcional que amerita un seguimiento”, entiende que “por ahora el recurso no estaría siendo afectado por esta bajante y los frigoríficos pescan de acuerdo a cupos, no hacen una pesca de manera indiscriminada. Estamos haciendo controles para que no se excedan de ese cupo”. Es decir, en Entre Ríos se entiende algo distinto a lo que se entiende en Corrientes, Chaco y Misiones.

Dorados y surubíes, con aguas bajas, son blanco de pescadores furtivos que diezman las especies. El surubí está en estado poblacional crítico.

Se han visto tristísimas masacres de pescadores particulares y comerciales que desafiando la cuarentena efectuaron verdaderas “cacerías” de ejemplares de surubí en aguas bajas, exponiendo sus “hazañas” en redes sociales ante un repudio generalizado.

Como conclusión, y a modo de reflexión, resulta triste e indignante ver cómo la apropiación de un recurso público como el de los peces del río es utilizado para beneficio de unos pocos empresarios que obtienen ganancias millonarias (y ganancias mínimas a las provincias y la nación), socializando los “sueldos” de sus proveedores en tiempos críticos en donde es el estado quien debe asistir a los pescadores artesanales. Mucho más, que no se traten en el Parlamento los proyectos de ley para proteger a un río Paraná jaqueado por la exportación de pescado de río, hecho que se agravará cuando en breve entre la provincia de Buenos Aires a pedir su cupo para seguir predando y exportando al sábalo, formando parte del negocio. Actualmente el Estado argentino, que avala cupos de exportación, se los entrega directamente a los frigoríficos y no a las administraciones provinciales, como era hasta hace unos años. Y el DNU firmado por Alberto Fernández prolonga por dos años más el negocio que viene perpetuándose desde gestiones anteriores. Además de resolver el tema de dejar descansar a un Paraná seco y expoliado, Argentina deberá hacer oír su voz -como lo hizo la última semana obligando a que se libere cierto flujo- para lograr junto a Brasil una correcta administración del recurso agua, pues de lo contrario no solo se verá afectado en la paralización de sus economías regionales sino que con un río bajo sumará costos debiendo aumentar el dragado de puertos y canales en su tramo inferior y su salida al Río de la Plata, hecho que genera millones en pérdidas para el país y paraliza la actividad económica que generan los buques de gran calado. Mientras tanto, en tiempos de pandemia es necesario cuidar la salud de los pescadores artesanales obligándoles a cumplir la cuarentena. Será un modo temporal de cuidar la salud del río mientras se buscan soluciones de fondo, otorgándole un respiro a un Paraná seco, con peces vulnerables.

Para cerrar, nada mejor que recordar lo que se olvida: el artículo 4 de la Ley General de Ambiente (N 26675) expresa en su principio de sustentabilidad que “el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.

La Fiesta del Surubí en Goya, considerada el Mundial de la Pesca Deportiva, se practica con devolución de las piezas y deja un movimiento económico millonario para la región

Los números de la pesca comercial y deportiva

Al pescador artesanal hoy por hoy le pagan U$s 0,30 centavos por pieza, es decir, 25 pesos. Y Argentina exporta mediante 12 empresas a un valor de U$s 1200 dólares la tonelada, que significan, solo en el 2019, U$s24 millones.

Como se dijo, la exportación de pescado de río está gravada en un 5% de retenciones, lo que representó en 2018 un ingreso anual para el estado nacional de U$s 1,3 millones de dólares. Cifra que con el daño generado a los ríos resulta insignificante. Por el contrario la importación de material para la pesca deportiva en el mismo año representó ingresos por U$S 2 millones en concepto de derechos de importación (20%). Esta cifra de rédito para el estado nacional se suma al beneficio resultante par las administraciones provinciales que ven dinamizadas sus economías regionales por el pescador deportivo. Esto se materializa de manera muy notoria en grandes concursos de pesca (muchos multitudinarios) que generan ingreso por turismo en diversas localidades del Litoral activando una enorme cantidad de puestos de trabajos directos e indirectos haciendo un uso sustentable del recurso.

Para muestra bastan algunas cifras

1.- Hay unos 500 comercios de artículos de pesca deportiva en todo el país.

2.- 4 millones de pescadores recreativos tiene nuestro país, según la Asociación de Industriales de Caza y Pesca (Aicacyp).

3.-300.000 puestos de trabajo se estiman que están vinculados a la pesca deportiva.

Para tomar real dimensión podemos citar como ejemplo la Fiesta Nacional del Surubí, en Goya, Corrientes, que reúne a más de 25000  personas en dicha localidad correntina y representa un ingreso directo de U$s 600 mil dólares para la organización y otros U$s 2,5 millones en concepto de gasto turístico para Goya y ciudades de hasta 100 km a la redonda. Un total de U$s 3,1 millones de dólares en 5 días, repartidos de modo horizontal, tocando diversos sectores, desde hospedajes a transportes, pasando por guías de pesca, cabañeros, vendedores de carnada, proveedores, estaciones de servicio etc, a diferencia de lo que ocurre con la pesca comercial donde la transferencia de ingresos es bien vertical y no favorece precisamente  a quienes se agrieta las manos y el cuero levantando redes.

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