Debido a la pandemia por el coronavirus, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, se reunió en la Legislatura porteña con la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)-, en donde explicó los alcances del proyecto de “emergencia económica” que la Casa buscará aprobar esta semana.

En ese sentido, el funcionario señaló que “la crisis sanitaria mundial nos llevó, hace prácticamente un mes, a que el Gobierno nacional declare el aislamiento social, preventivo y obligatorio” e indicó que esta situación “en la Ciudad nos llevó a decretar la emergencia sanitaria y eso nos puso ante dos desafíos: la necesidad inminente de incrementar y proveer de presupuesto -que no estaba previsto originalmente- a las áreas que están al frente de la pandemia; y a raíz de la cuarentena, tenemos que mitigar la caída de una recaudación muy importante”.

En lo que respecta a la medida, explicó que “la idea es que abarque a los tres poderes, a todo el ámbito de la Ciudad, y que tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Esto se debe a que la emergencia económica no se termina el día que finaliza la emergencia sanitaria, porque el impacto en la recaudación y a que la economía vuelva a su ruta habitual, lleva mucho más tiempo”  y detalló que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: todo lo que tiene que ver con la administración financiera; ingresos tributarios, es decir, algunos incentivos que estamos previendo y algunas suspensiones de ejecuciones; por otro lado, compras y contrataciones; y, la contratación de personal y los recursos humanos”.

“Respecto de la administración financiera, básicamente, estamos solicitando alguna flexibilidad o facultades para poder hacer modificaciones presupuestarias. Estamos viendo que día a día van surgiendo pedidos de las áreas esenciales, para ello tenemos que asignarles un mayor presupuesto y eso no estaba previsto”, manifestó y precisó: “buscamos eliminar, por este año, las afectaciones específicas que están previstas en muchas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje del ABL o de patentes que van a financiar a parte del gasto en subte”.

Sobre esa misma línea, Mura remarcó que están “planteando la centralización de fondos en una única cuenta, esto es poder transferir el saldo disponible de las distintas afectaciones específicas, con el fin de reforzar acciones inherentes a la emergencia sanitaria” y afirmó que “necesitamos revisar los programas no esenciales, es decir, tener la facultad de suspender y/o postergar la ejecución de aquellos programas no críticos ni indispensables”.

Por otro lado, aseguró que “hay una segunda parte que tiene que ver con los ingresos tributarios” y advirtió que “lo que estamos necesitando es adelantar recaudación, nosotros estamos previendo una caída en la recaudación cercana a los 80 mil millones de pesos para lo que resta del año; de ese monto, el 50% se produce en el segundo trimestre”.

Al mismo tiempo que indicó que “por eso planteamos dos facultades para asignarle a la AGIP: por un lado, queremos hacerle algún tipo de bonificación y descuentos a algunos tributos empadronados, como el ABL y patentes, para incentivar el pago voluntario y por adelantado, sabemos que es difícil pero hay algunos contribuyentes que pueden hacerlo; por el otro, queremos brindar incentivos fiscales para el pago adelantado de ingresos brutos, es decir, facultar a la AGIP a generar mecanismos que incentiven a sectores a adelantar el pago de impuestos futuros”.

También indicó que buscan suspender medidas cautelares y ejecuciones fiscales, es por ello que la AGIP se abstendrá de iniciar estos procesos y otros similares hasta el 30 de junio del 2020.

“En cuanto a la compra y contrataciones, estamos previendo la posibilidad de renegociar y volver a mirar todos los contratos de obras, servicios, insumos, concesiones que hoy están vigentes. Buscamos readecuarlos a un nuevo funcionamiento del Estado, como consecuencia de los cambios económicos y contractuales que provocaran los efectos de la pandemia”, indicó y aseveró que “los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones, serán destinados a reforzar acciones de la emergencia sanitaria”.

Finalmente, Mura precisó que “el cuarto punto tiene que ver con la contratación del personal, ahí lo que estamos planteando es el congelamiento de la planta de personal y estructuras de autoridades superiores; la prohibición de firmar nuevos convenios de asistencia técnica; la suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales; establecer un tope al incremento de remuneraciones de autoridades y facultar al Ejecutivo para escalonar o diferir pagos salariales”.

En la reunión estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero de esa Casa, Roy Cortina (PS); los diputados Juan Francisco Nosiglia, Diego Weck, Inés Gorbea, Martín Ocampo, Marcelo Guouman (UCR-Ev), Diego García Vilas, Paola Michielotto, Claudio Cingolani, Guillermo Suarez, Cristina García, Matías López, Esteban Garrido, Victoria Roldán Méndez, Facundo Del Gaiso, Lucía Romano, Natalia Fidel (VJ), Sergio Abrevaya (GEN), Eugenio Casielles (CF), Javier Andrade, Cecilia Segura, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudia Neira (FdT) y Gabriel Solano (PO).