Diputados de la UCR manifestaron su “rechazo y preocupación” por prisiones domiciliarias

Legisladores radicales se pronunciaron en contra del beneficio para autores de delitos graves y cuestionaron al Gobierno y el titular de la Secretaría de Derechos Humanos.

Diputados nacionales de la UCR se pronunciaron de manera categórica contra el beneficio de la prisión domiciliaria otorgada a condenados por delitos graves, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.

“Es inconcebible que se otorguen prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad que han cometido delitos graves, como femicidios y violaciones. La pandemia del Covid-19 deja al descubierto la desinversión del Estado en las cárceles argentinas y la Justicia machista”, señaló la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara baja, Roxana Reyes (Santa Cruz).

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Álvaro De Lamadrid (CABA), opinó que es “inconcebible dar prisión domiciliaria a narcotraficantes, asesinos, violadores, secuestradores y femicidas. Si, como asegura Alberto Fernández, el Gobierno no está detrás de las prisiones domiciliarias, debería echar al secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), quien públicamente las impulsa”.

Por su parte, el diputado Luis Petri (Mendoza) advirtió: “Piense en las víctimas Presidente y piense en uno de los fines de la pena, que es la seguridad de la población. Liberando presos no se lucha contra el coronavirus. ¿Quién va a ser responsable por los delitos que cometan en libertad? ¿Quién se hace cargo? ¿Usted?”.

“Los delincuentes condenados por delitos graves deben cumplir la totalidad de las condenas en las cárceles, donde el Estado debe garantizar las condiciones sanitarias para impedir la propagación del coronavirus. No estoy de acuerdo que con la excusa de la pandemia se las desoiga a las víctimas y se desproteja a la sociedad. Hay que garantizar el cumplimiento de las condenas, en especial en aquellos que son condenados con delitos graves”, agregó.

En tanto, la diputada Lorena Matzen (Río Negro) recordó que junto a un grupo de sus pares presentaron un pedido de informes para que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, “ante la evidente liberación de autores de femicidios y/o violaciones, informe si tienen diagramado un programa de acción, y la identificación de estos violentos y que garantice y refuerce la protección a sus víctimas”.

“También solicitamos el número efectivo de procesados y condenados que acceden al beneficio de domiciliaria y la aclaración sobre el tipo de delitos cometidos, así como las medidas y protocolos de seguridad, adoptados por Covid-19, en el Servicio Penitenciario Federal”, añadió.

La legisladora consideró que “es lamentable que, en este contexto de pandemia, y crisis económica sumemos más angustia. Se deben tomar otros recaudos para garantizar salud de detenidos, pero no abrir las puertas de las cárceles y habilitar la impunidad”.

El diputado Ricardo Buryaile (Formosa) preguntó: ¿Cuando la Secretaría de Derechos Humanos pidió la liberación de Martín Báez, el hijo de Lázaro, en qué grupo de riesgo lo consideró? Nos quieren tomar por tontos”.

La diputada Ximena García (Santa Fe) insistió en que “el Poder Judicial debe atenerse al imperio de la ley; su poder se funda y se limita en las normas, no en la voluntad de las personas. Reafirmamos la independencia de poderes, piedra angular de nuestro sistema republicano de gobierno e instamos también a buscar alternativas que no generen una desprotección de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”.

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