En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, los legisladores de Vamos Juntos aprobaron una iniciativa mediante la cual expresaron su “enorme preocupación y repudio ante la masiva concesión de libertades condicionales y de prisiones domiciliarias con motivo de la pandemia de Covid 19, a los detenidos de los distintos complejos penitenciarios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires”.

En los fundamentos del texto, recordaron que “desde mediados de marzo hasta el día de la fecha se han otorgado estos beneficios a más de dos mil detenidos” y aclararon que esto se debió “en un principio, debido a la imposibilidad de recibir visitas para resguardar su salud, se les permitió el uso de celulares, situación que provocó que, a través de los celulares,  los detenidos se comunicarán entre sí para organizar distintos motines; uno de ellos en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad con el objeto de reclamar su liberación”.

Asimismo indicó que “la liberación masiva de detenidos pone en peligro y genera riesgos a  la seguridad de la sociedad  y no respeta el derecho de las víctimas” e insistieron en que “los detenidos con condenas firmes deben cumplirlas. Tampoco deben ser liberados aquellos que se encuentren con prisiones preventivas, ya que no debe dejar de mencionarse que la prisión preventiva es un instituto que se aplica cuando el autor de un delito tiene peligro de fuga o ha intentado entorpecer el proceso, con lo cual sería muy riesgoso liberar a esta clase de reclusos”.

“Estas liberaciones o prisiones domiciliarias en muchos casos vulneran los derechos de las víctimas que fueran establecidos por la Ley 27372. Podemos citar algunos ejemplos, como ser: dos de los detenidos que consiguieron prisión domiciliaria son autores de violaciones de un chico de 8 años y de una nena de 6 años; los dos detenidos viven cerca de las víctimas, uno es vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima”, advirtieron.

Sobre esa misma línea, precisaron que “ya se han lamentado casos donde delincuentes han sido liberados y han cometidos nuevos delitos o han perseguido y hostigado a las víctimas de aquellos delitos por los que fueron encarcelados” y sentenciaron que “si bien la situación de las cárceles requiere la atención de todos, la solución no puede ser abrir las puertas de las unidades de detención sin buscar alternativa”.

Al respecto de esta medida, la diputada Myriam Bregman (PTS) explicó que “se hacen amalgamas ideológicas donde se mezclan genocidas, responsables de crímenes sociales como la masacre de Once y femicidas contra presos que cometieron delitos contra la propiedad” e insistió en que “esto es una gran amalgama que permite colocarse del lado de los ‘buenos’ o los ‘malos’”.

“Los presos que ocupan las cárceles federales son: un 40% por violación a la legislación de las drogas, pocos son narcotraficantes y muchos por narcomenudeo; un 39% por delitos relacionados con el derecho a la propiedad; por homicidios culposos solo un 6% y por delitos contra la integridad física es, más o menos, la misma proporción; más de la mitad de los detenidos, técnicamente son inocentes porque no están condenados”, precisó.

En tanto el diputado de Vamos Juntos Claudio Romero remarcó que “nos preocupa que haya funcionarios del Gobierno nacional que influyan en el trabajo de los magistrados, que le pidan la excarcelación de algunas personas” y aseveró que “a los vecinos de esta Ciudad y las victimas están preocupadas porque estas personas sean liberadas, nosotros representamos a ese sector de la sociedad y también tenemos que defenderlos”.

A su vez el vicepresidente tercero de la Casa y diputado del Partido Socialista, Roy Cortina, indicó que esta es una “problemática grave y nadie la aborda para resolverla” y afirmó que “lo que hizo la pandemia es mostrarlo con mayor crudeza, no nos parece pertinente agregarle más confusión al tema, los medios de comunicación llevaron a distorsionar este acto racional y esto ha llevado a que hubiese hasta linchamientos”.

Mientras que la peronista Claudia Neira (FdT) precisó que “si nos estamos preocupado por las libertades que algunos jueces han dictaminado en las últimas horas, sobre delitos violentos y abusos sexuales, claro que todos nos preocupamos; pero con este texto no queda claro sobre qué nos estamos preocupando” y sentenció que “la inseguridad no es materia exclusiva de un sector social ni de un determinado partido político, como se dijo acá; al oficialismo le quiero decir la inseguridad no es patrimonio de ustedes, nosotros también nos preocupamos y ocupamos de estas situaciones”.

Por su lado, el legislador de Consenso Federal, Eugenio Casielles, manifestó que le “preocupa lo mismo pero más nos preocupa que la discusión se reduzca a esto y no al sistema carcelario en general, porque en algún momento estas personas van a salir en libertad y no sabemos cuan rehabilitados van a estar”.