En medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes por la pandemia del Covid-19, la diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y  durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’ establecido  por el Decreto 297/2020”.

La iniciativa apunta a mitigar el impacto económico que implica el parate de la actividad por el aislamiento social, en línea con el amplio paquete de medidas que tomó el gobierno nacional para trabajadores informales, asignaciones sociales, empresas y monotributistas, entre otros sectores. Y se produce luego del fuerte aumento de hasta 30% aplicado por las empresas telefónicas y cableras en precios en telefonía, TV por cable e Internet, según señaló Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).

El proyecto es acompañado por otros 49 legisladores, entre los cuales se encuentran el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA.

“Consideramos especialmente que en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados  y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia”, argumentó el proyecto de la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y servicios digitales fueron declarados como “servicios esenciales en la emergencia”, según el Decreto 311/2020, que determinó la prohibición de proceder al corte o suspensión de los servicios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de ciento ochenta días para un conjunto de determinados usuarios para los servicios de telefonía fija y móvil, Internet, y TV por Cable y satelital.

Este viernes, mediante el Decreto 426/2020 y considerando la evolución de la pandemia, el Poder Ejecutivo extendió la prórroga para no suspender los servicios mencionados que estableció el decreto 311/2020. Sobre todo, en defensa del desarrollo de la vida diaria y más aún  en el actual estado de aislamiento que vuelve esenciales estos servicios para obtener información en materia de salud, conocer las nuevas disposiciones oficiales y poder acceder a los contenidos educativos de los programas virtuales para niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Telefónica reconoció en un comunicado que envió a Vallejos los aumentos aplicados. “En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019”.

El proyecto de Vallejos se sustenta en el artículo 42º de la Constitución Nacional,  en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en cuanto a la relación de consumo, protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a la vez que a una información adecuada y veraz.

También se enmarca en el pedido que hicieron el jueves  una veintena de asociaciones de usuarios y consumidores al Enacom, para la anulación de los aumentos dispuestos por las empresas prestatarias de los servicios de televisión por cable, internet, telefonía fija y móvil durante la cuarentena.