A través de un proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, Graciela Camaño busca establecer reglas claras que especifiquen en qué casos no podrán concederse esos beneficios.
Puntualmente por la resolución judicial que concedió la prisión domiciliaria a una persona condenada por un abuso sexual cometido contra un niño, que se señala específicamente en el proyecto, la diputada nacional Graciela Camaño acaba de presentar un proyecto de ley que pretende regular las prisiones preventivas para casos de epidemia o pandemia como la que está azotando a la Argentina y el mundo.
La autora expresa su preocupación por ese caso y otros similares que se están dando a conocer, ante lo cual considera que existen alternativas que deberían haberse explorado. “Bajo ningún punto de vista debemos permitir dar paso, en este momento tan delicado, a los oportunistas que aprovechan esta coyuntura para avanzar con medidas que en otro momento no lograrían”, señala la diputada, por lo cual, “para no dejar en manos de la ideología y el arbitrio exclusivo de magistrados”, señala, propone sistematizar y adoptar una serie de medidas tendientes a prohibir determinadas acciones.
En principio, la diputada sugiere adecuar en la medida de lo posible en el medio penitenciario las medidas de aislamiento social obligatorio; esto es, prohibir visitas, limitar el uso de espacios comunes, por ejemplo; y por otra parte garantizar la atención sanitaria en las cárceles, que deben ser provistas de los insumos necesarios para prevenir la propagación. Léase alcohol en gel, barbijos y guantes.
Pero si los riesgos de propagación son muy grandes, cosa que recomienda evaluar con “profundidad y suficiencia” y la única medida posible resulta ser la reducción de la población penitenciaria, Graciela Camaño impulsa una serie de criterios que permitan adoptar una decisión razonable y justificable ante el resto de la sociedad. Esto es, que se tenga en cuenta la gravedad del delito del eventual beneficiario de la prisión domiciliaria, la pertenencia a grupos de extremo riesgo o el tiempo de cumplimiento de la pena.
Considera pasibles de reclusión domiciliaria al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; el interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; el interno discapacitado cuando la privación de la liberad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; el interno mayor de 70 años; la mujer embarazada, o la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.
El proyecto de Camaño modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal, pero en todos los casos establece que la detención domiciliaria no podrá concederse, “en ningún caso”, para aquellas personas condenadas por delitos contra la vida; delitos cometidos con motivo de violencia de género; delitos contra la integridad sexual; robo agravado; secuestro extorsivo, y asociación ilícita, entre otros casos.
Para el caso de que se adopte la detención domiciliaria, la misma deberá ir precedida de un informe del establecimiento carcelario donde conste la necesidad de la reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad con motivo de la epidemia o pandemia; que se establezca que el condenado pertenece a un grupo de riesgo conforme lo disponga el Ministerio de Salud de la Nación; y se establezca el monitoreo electrónico, digital o por cualquier medio informático que se disponga.
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