Por José Angel Di Mauro

Con una imagen positiva bien por arriba del 70%, cuesta hablar de “la peor semana” de Alberto Fernández en el gobierno, como más de uno se animó a definir la que pasó. Porque si los sondeos -siempre cuestionados, pero indispensables- se hicieran ahora, al cabo de los últimos acontecimientos -con las dificultades de medir que vienen de hace tiempo, pero más ahora en cuarentena-, volverían a verificar que el Presidente sigue gozando de una popularidad solo comparable con 2011, con la Cristina que ganó con el 54% y, sobre todo, el Néstor Kirchner de 2004/2005, con el país creciendo a tasas chinas, commodities por las nubes mediante.

Pero convengamos que este fenómeno que se está dando con Alberto Fernández no es algo excepcional en este mundo pandémico. Prácticamente todos los gobernantes que han tenido la desgracia de ser atravesadas sus gestiones por esta adversidad inédita han visto crecer su ponderación. Le pasa a Angela Merkel, reconocida una vez más como líder indiscutida, esta vez por la manera exitosa como Alemania viene manejando la crisis sanitaria, pero también a Giuseppe Conte en Italia y Pedro Sánchez en España, dos países donde el coronavirus causó miles de víctimas. Incluso a Donald Trump en Estados Unidos, donde se vota en noviembre y por ahora es favorito, y a Sebastián Piñera, cuya imagen había caído a un dígito y hoy pasa los 20 puntos. Obviando a Jair Bolsonaro -un caso aparte-, ante crisis semejantes, los pueblos suelen acompañar a sus líderes.

El anuncio de Fernández marcó el primer cortocircuito en la relación armoniosa que lleva el mandatario con los gobernadores en estos días de aislamiento general.

Lo cual no implica que la que pasó no haya sido una mala semana para el Presidente, que arrancó viendo cómo los gobernantes de los principales distritos se desmarcaban del párrafo más saliente de su mensaje del sábado: ese que alentaba las salidas recreativas, a una distancia de 500 metros. En rigor, el anuncio de Fernández marcó el primer cortocircuito en la relación armoniosa que lleva el mandatario con los gobernadores en estos días de aislamiento general. Fue porque en los diálogos previos que mantuvo con todos no les adelantó semejante detalle. “Se me pasó”, justificó Fernández semejante omisión que generó al día siguiente una resolución conjunta de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe aclarando que por el momento nada cambia.

Salvo la poco convincente de Alberto, no hubo explicaciones desde el entorno presidencial, así que ganó cuerpo la interpretación de que la suya fue una respuesta a cierta crítica que le atribuye al Presidente haberse “enamorado de la cuarentena”. Así, con su concesión no aceptada, les tiró la pelota a los gobernadores: ¿Ven que no soy yo el rígido?

Está claro que en los días previos al 10 de mayo volverán a anunciar otra prórroga de la cuarentena, pero no hay margen para mucho más. Nótese además un dato que no por previsible deja de ser importante: poco más del 60% de los casos que diariamente van reportándose corresponden a Buenos Aires y CABA. Esos serán los últimos distritos en levantar la cuarentena, aunque la pregunta del millón es cuánto aguanta la sociedad el encierro económico.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, reconoció que se necesita flexibilizar el aislamiento, “porque si no nos va a matar el hambre antes que el virus”. Es quizá  el anticipo de una flexibilización que si no se da por derecha, se dará per sé y de manera desorganizada. Y hoy la capacidad sanitaria parece adecuada para cuando se nos presente ese pico que no llega.

El balance de la semana fue negativo para el gobierno por la polémica de las prisiones domiciliarias. No hay nada que incomode más a una administración que las cacerolas, y a este ya lo había alterado el cacerolazo que hace algunas semanas tuvo el mismo origen y que entonces atribuyó a “trolls” del gobierno anterior. Lo mismo piensa respecto de la atronadora protesta del jueves -que se repitió en algunos barrios al día siguiente-, pero lo cierto es que si bien el gobierno responsabiliza públicamente del tema a la Justicia y también a los medios de comunicación, debería reconocer que hizo su aporte en la materia. El propio Presidente salió a tomar distancia del tema en la semana y luego mandó a su amiga Marcela Losardo a ponerle el cuerpo a la situación, cuando las cacerolas acababan de sonar. La ministra de Justicia rompió el silencio con un discurso medido, pero lo cierto es que semanas atrás un subordinado suyo, el secretario de Derechos Humanos había pedido la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y el hijo de Lázaro Báez, y después se supo que también había reclamado lo mismo para Luis D’Elía. Por esos días desde el gobierno se había sugerido que el Presidente se había molestado por ese pronunciamiento y le había pedido explicaciones a Horacio Pietragalla. Lo curioso es que la última semana apareció avalándolo.

El balance de la semana fue negativo para el gobierno por la polémica de las prisiones domiciliarias.

Ofició también como disparador de las protestas carcelarias la prisión domiciliaria otorgada con discutibles argumentos al condenado Amado Boudou.

Más allá de las explicaciones del Presidente y luego las de Losardo -llamó la atención que no se sumaran otras voces del Frente de Todos, salvo la de Sergio Massa, que cuando puede hace su juego-, en los hechos el gobierno tomó distancia recién cuando apartó de la mesa de las negociaciones con los presos al secretario de Justicia, el cristinista Juan Martín Mena. En la primera negociación ese funcionario había estado y no por nada su ausencia fastidió a los presos en el encuentro del jueves pasado.

El cuadro expone claramente rasgos que complican el andar de esta administración. En esa primera reunión estuvo el secretario de Justicia y no el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, simplemente porque todavía no ha sido designado. A cinco meses de gestión, son muchos los lugares vacantes aún en la administración de Alberto Fernández. Y además, Juan Martín Mena es otra muestra del parcelamiento extremo que exhibe el gobierno del Frente de Todos.

Losardo es mucho más que una funcionaria albertista: es, como dijimos, amiga del Presidente, con el que compartió el estudio de abogados que tenían hasta que Alberto llegó a la presidencia. Y su segundo es, como vemos, un cristinista. Lo mismo que Horacio Pietragalla, secretario de DDHH, hombre de La Cámpora.

El mismo esquema se multiplica en el resto de la administración Fernández. Es lo que se daba hasta esta semana en la ANSeS, donde el miércoles fue finalmente eyectado Alejandro Vanoli. Muchos pensaron que por haber sido presidente del Banco Central en tiempos de Cristina Kirchner, respondía a la vicepresidenta; pero no, el hombre habría perdido su confianza cuando el último día de mandato de CFK renunció a la presidencia del BCRA, sin resistir, como por ejemplo hicieron Alejandra Gils Carbó o Martín Sabbatella. A Vanoli lo eligió Santiago Cafiero, que fue quien el miércoles le pidió la renuncia. Y como segundo le habían puesto a Santiago Fraschina, de La Cámpora, con el que se llevaba muy mal y hasta dicen que llegaron a irse a las manos. Detalles de un “loteo” de cargos que ya había quedado expuesto con Daniel Arroyo en Desarrollo Social, donde las segundas líneas corresponden a Kolina, la agrupación de Alicia Kirchner.

Alejandro Vanoli venía haciendo “méritos” para terminar como terminó.

Otro botón de muestra estuvo en el ENACOM, donde su vicepresidente, el cristinista Gustavo López, habló en la semana de regular los contenidos de los portales de noticias, y el mismo día lo desmintió el presidente de ese organismo, el massista Claudio Ambrosini.

Vanoli venía haciendo “méritos” para terminar como terminó. Pero la escandalosa experiencia con los jubilados el último viernes de marzo no fue desencadenó su caída, sino la demora en la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero sobre todo el retraso en designar directores por parte del Estado en Techint y Telecom. “Se durmió”, le reprocharon. Otra vez la influencia del cristinismo en la toma de decisiones.

La salida de Vanoli permitió eliminar el “doble comando” en un organismo clave. Ahora en la ANSeS, todo el poder estará en manos de La Cámpora, que ha ganado espacio de una manera que impresiona desde que Alberto y Cristina llegaron al poder. Y la vicepresidenta entronizó a referentes de la agrupación que conduce su hijo en las principales cajas del país. En la ANSeS fue designada Fernanda Raverta, y el lugar que ella dejó en el gabinete de Axel Kicillof será cubierto por Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de La Cámpora. En el PAMI ya estaba Luana Volnovich, exdiputada camporista muy cercana a Máximo Kirchner, hoy jefe del bloque oficialista en la Cámara baja.

Y ya que mencionamos al Congreso, al frente de las cajas de ambas cámaras Cristina puso a dirigentes de La Cámpora: Rodrigo “Rodra” Rodríguez en la Secretaría Administrativa de Diputados y María Luz Alonso en la del Senado. Prueba de la confianza extrema que la expresidenta tiene en sus seguidores más fieles, y de la construcción política que está haciendo pensando en 2023.