José Luis Ramón pide profundizar medidas por la emergencia económica

En un proyecto, el diputado propone nuevos beneficios para las pymes, el sector turístico, monotributistas y consumidores en general.

José Luis Ramón propone más medidas para sectores afectados por la pandemia

El diputado José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presentó un proyecto de ley para ampliar la emergencia económica aplicando una serie de suspensiones y reducciones de pagos para mipymes, monotributistas, trabajadores turísticos y consumidores en general.

La iniciativa apunta a “los grandes sectores que se han visto más fuertemente perjudicados” por la pandemia del Covid-19, “y que serán además los que deberán tener herramientas desde ahora para poner en marcha la economía argentina”.

En su primer artículo, el proyecto declara la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística; de las micro, pequeñas y medianas empresas; y de los consumidores en todo el país por el plazo de 90 días.

En el caso de las mipymes, trabajadores turísticos y monotributistas, se faculta al Poder Ejecutivo a efectuar una reducción temporaria de los aportes patronales; y prorrogar el vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades afectadas.

El proyecto también le permite al PEN extender planes de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras; suspender ejecuciones fiscales y judiciales que estén en proceso; y otorgar líneas de crédito en condiciones diferenciales.

Otras de las medidas propuestas son la implementación de subsidios para las tarifas vigentes de servicios públicos; la eliminación de retenciones y percepciones impositivas; la compensación de impuestos a través del criterio de libre disponibilidad; y la suspensión del pago de las cargas impositivas y jubilatorias a los monotributistas de las categorías A, B, C y D.

En cuanto a los consumidores, se habilita al Ejecutivo a “establecer el acceso mínimo a servicios de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fijar precios máximos y/o subsidiados”; y “prohibir cualquier clase de recargo, multa, sanción o cambio de categoría de consumo en la aplicación de tarifas de servicios públicos domiciliarios, para los casos en que los consumos sean mayores comparativamente con períodos anteriores”.

También se propone prohibir, para las consumidores, “el cobro, retención o percepción del Impuesto al Valor Agregado sobre intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras gravadas”, así como “el cobro de intereses compensatorios, moratorios o punitorios superiores al 25% en cualquier operación financiera para consumo o de crédito para el consumo”.

Asimismo, Ramón propone al Ejecutivo que suspenda “el cobro, por parte de los proveedores de servicios educativos arancelados de nivel inicial, primario, secundario, superior o técnico profesional, de cualquier cargo accesorio, siempre que el servicio correspondiente al cargo no se preste efectivamente”.

“Cuando los proveedores de servicios educativos arancelados hubieran acordado la prestación presencial del servicio, deberán realizar en un plazo de 30 días una oferta a los consumidores, de disminución del arancel correspondiente a las materias curriculares y extracurriculares dictadas durante el período de emergencia, que no podrá ser menor al 20%”, agrega la iniciativa.

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