Debido a que se espera una merma de 80 mil millones de pesos en la recaudación de la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó con 38 votos a favor y 21 en contra la ley de “emergencia económica y financiera” impulsada por el Gobierno de la Ciudad, lo cual faculta a ese poder a realizar cambios en las partidas presupuestarias, limitar la contratación de empleados para áreas no esenciales y suspender la realización de obras públicas, entre otras cuestiones.

La normativa contó con el acompañamiento de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, GEN, Partido Socialista; y  el rechazo de  FIT, PO, PTS, Frente de Todos y Autodeterminación y Libertad.

De esta manera, se declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre próximo en toda la administración del Estado de la Ciudad, incluyendo sus tres poderes, las comunas, organismos descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación mayoritaria de la Ciudad.

Con la sanción de la misma, la Legislatura porteña autorizó al Gobierno local a incrementar los gastos corrientes para reforzar prioritariamente las acciones de prevención de la pandemia de coronavirus y, a tal efecto, reasignar partidas presupuestarias.

Además le permitirá suspender la aplicación de algunos programas no esenciales en el marco de la crisis, impedir nuevas designaciones, rescindir o modificar contratos y convenios y evitar la incorporación de personal, excepto en que fuera necesario para atender la salud público o imprescindible para el cumplimiento de servicios esenciales.

A su vez, establece la posibilidad de que se instrumenten bonificaciones, descuentos y planes que incentiven a los contribuyentes a realizar el pago anticipado de gravámenes a cambio de crédito fiscal; esto se debe a que el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, advirtió durante una reunión con la Comisión de Presupuesto que se espera una merma de 80 mil millones de pesos en la recaudación del distrito capitalino.

Asimismo, quedarán transitoriamente pospuestas las ejecuciones fiscales, embargos o inhibiciones, atento a la situación emergente. También autoriza al Ejecutivo a revisar todas las obras en ejecución, en proceso, trámite o previstas, las locaciones de servicios, concesiones, permisos, contratos o convenios.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), explicó que “nunca ninguna ley de emergencia tuvo tanto trabajo como esta ley, el ministro de Hacienda se fue reuniendo con cada bloque para contarles el sentido de esta ley” e indicó que “la emergencia sanitaria nos pone en un doble desafío: la urgente necesidad de reorientar los recursos y de incrementar esa posibilidad en las áreas críticas, tales como la salud y el desarrollo humano; por el otro lado, enfrentar la brutal caída que estamos teniendo en los ingresos públicos”.

“Para eso debemos repensar nuestros recursos y para poder palear esta crisis, el Gobierno necesita una herramienta más flexible”, precisó e insistió en que “el proyecto tiene cuatro ejes centrales: buscar una administración financiera de la mejor manera; otro vinculado a los ingresos tributarios;  compras y contrataciones; y reordenamiento de los recursos humanos”.  

Además aclaró que “no hemos previsto ningún despido, ninguna rebaja salarial y no podemos vaciar el inciso uno que es lo que se establece” y resaltó que le “parece que aquí garantizamos que todos los empleados pueden quedarse tranquilos; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su equipo decidió retirar el escalonamiento”.

Mientras que la diputada del PTS Myriam Bregman advirtió que “Horacio Rodriguez Larreta concentra con esta ley todo el poder en si mismo, nos oponemos profundamente” y agregó: “la excusa es perfecta, es la pandemia y esta concentración de superpoderes pretenden presentarla como algo un poco mejor o más digerible, porque formaron una pomposa comisión de seguimiento”.

“Me pregunto qué pasa con la educación, con las escuelas cerradas. ¿No pueden ser una tentación para este super jefe de Gobierno? ¿No querrá meter la manito ahí?”, remarcó.

Por su parte, el legislador del GEN Sergio Abrevaya reconoció que “una ley de emergencia era inevitable en este contexto. Hace un mes, presenté un proyecto previendo la caída de la recaudación, porque no se está trabajando y quien no trabaja no puede pagar impuestos” y señaló que “a su vez, si la Ciudad no recauda no tiene cómo financiar sus actividades, de ahí la lógica de endeudamiento y la emergencia de poder reordenar los ingresos”.

Además consideró que “el planteo tiene lógica, pero desde la oposición le planteamos al gobierno la necesidad de una comisión, quitamos algunos artículos como el del escalonamiento en el pago de sueldos y estuvimos de acuerdo en la posibilidad de que quienes en esta etapa hayan recaudado bien, como los bancos, puedan adelantar ganancias y ayudar a la Ciudad a financiar los gastos que tiene que afrontar en este tiempo”.

En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “nosotros somos opositores -desde el primer día- a este proyecto, por lo que dice y por lo que no también” y aseveró que “no es cierto que no está en juego el empleo de los trabajadores, están en juego 18 mil puestos de trabajo; por ejemplo en el IVC el 70% de los trabajadores están contratados bajo locación de servicio”.

A su turno la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura expresó que “la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, nos preocupa la situación económica y la angustia que está llegando a los hogares” y remarcó que “es necesaria una ley de emergencia económica  porque el Estado tiene que estar para cuidar a los ciudadanos y a otros sectores que necesitan que se les tienda una mano, como por ejemplo, las PyMEs que sostienen el 83% del trabajo en blanco en la Ciudad”.

“Esta ley no es para proteger ni cuidar a los sectores productivos, no está destinada a los sectores económicos que están en emergencia: no protege el trabajo, a las PyMEs, a los comerciantes, emprendedores. No tiene ninguna medida destinada a las cooperativas, a los motoributistas, autónomos, centros culturales, taxistas, el sector del turismo”, agregó y concluyó que “lo que más sobresale es una discrecionalidad obscena en el manejo de los fondos públicos, nos están pidiendo que autoricemos los movimientos en todas las partidas sin ningún tipo de control ni tope”.

Sobre esa misma línea, Marta Martínez (AyL) aseguró que esta normativa “no es otra cosa que un proyecto que le permitirá al Poder Ejecutivo poder reasignar partidas presupuestarias discrecionalmente, pagar salarios de manera escalonada y rebajar los ingresos de los trabajadores que perciban ingresos por encima de hasta tres salarios mínimos -aproximadamente 50 mil pesos-, como por ejemplo es el caso de la enorme mayoría de los docentes que realizan jornada doble, y congelar nuevas incorporaciones de personal”.

A su turno, Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) manifestó que “estamos ante una emergencia económica, social y sanitaria extraordinaria y la recaudación tributaria de la Ciudad de abril cayó casi el 40% en términos reales” y señaló que “por lo tanto, es necesario establecer un marco para que el Ejecutivo pueda reasignar partidas, priorizar los servicios esenciales para atravesar la pandemia y al mismo tiempo que la Legislatura cumpla con su rol”.

Es nuestro deber empezar a diseñar una salida con los pies en lo urgente pero con la mirada en el mediano plazo para diseñar políticas de protección del empleo y la producción, contemplando a los cuentapropistas y a las Pymes que, en definitiva, son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país. En definitiva, proyectar una salida de recuoeración y crecimiento común".

La oficialista Lucía Romano (VJ) consideró que “las facultades que estamos otorgando al Poder Ejecutivo serán controladas” y recordó que “en la ley de Emergencia que estamos votando, se crea una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento, integrada por Diputados de esta casa, la cual realizará el control de todas las medidas implementadas como consecuencia de la emergencia sanitaria y verificará el estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. También tendrá la facultad de solicitar a la Auditoría General de la Ciudad la realización de informes especiales, comunicando mensualmente sus avances”.

“Es difícil votar una ley de Emergencia, no es grato ni sencillo, no es una costumbre en la Ciudad, pero esta es una ley de Emergencia por tiempo determinado, a diferencia de otros casos, en los que se ha hecho una costumbre gobernar bajo esta figura”, indicó y concluyó que “la la Coalición Cívica tiene históricamente un fuerte rol en pos del correcto funcionamiento de los mecanismos de control, porque sabemos que la Republica se fortalece cuando estos resortes funcionan debidamente y porque creemos firmemente que es necesario que el poder controle al poder para crear instituciones democráticas sanas”.

En relación a la medida, el vicepresidente tercero de la Legislatura y diputado del PS, Roy Cortina, afirmó que “las leyes de emergencia nunca son leyes simpáticas para tratar, no son simpáticas para los Ejecutivos, no son sencillas para las oposiciones” y subrayó que “nos guste o no, las reiteradas y cíclicas crisis económicas y sociales de nuestro país, han hecho que sean cada vez más asiduos los tratamientos de este tipo de leyes”

“Todas las fuerzas políticas, cuando son opositoras, son críticas a las leyes de emergencia; peor cuando gobiernan, utilizan esas mismas leyes sin ningún tipo de problema”, resaltó y consideró que “esta es una ley razonable, no genera ningún atisbo de irregularidad jurídica, busca darle herramientas al Estado para abordar una situación inédita a nivel nacional y mundial. Es una ley práctica”.

Por otro lado el peronista Santiago Roberto (FdT) insistió en que “es necesario una ley de emergencia económica en la ciudad para combatir al coronavirus, pero no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco al Gobierno porteño y otorgarle superpoderes, que además, están prohibidos por la constitución” y afirmó que “si bien realizaron algunas modificaciones, nos parece que es puro maquillaje porque el proyecto de Ley no aclara donde van a ir los recursos para combatir esta pandemia”.

“Necesitamos que quede expresado claramente el destino que tendrá la reasignación de partidas porque es fundamental que le llegue a los comedores comunitarios que cada vez alimentan a más personas y que sirva para resolver la emergencia habitacional de los barrios vulnerables y así impedir que el contagio de la enfermedad se disperse entre sus habitantes”, detalló y remarcó que “es vital que esos recursos se destinen a la compra de insumos para los hospitales públicos, que también se refleje en auxilios económicos para los cuentapropistas, los comerciantes y las Pymes. Desde que comenzó la crisis económica y sanitaria en la ciudad, hemos presentado distintos proyectos que el oficialismo no ha querido tratar. Nosotros creemos que lo importante es ayudar a mantener la actividad económica, cuidar la salud y a las familias porteñas”.