Los diputados sancionaron una ley que modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.
La Legislatura de la Ciudad aprobó –durante su última sesión ordinaria- una ley a través de la cual reorganizará la administración de la Justicia porteña, para lo cual modificó las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, a fin de coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.
Los cambios habían sido propuestos por la Jefatura de Gobierno y contaron con el despacho de la Comisión de Justicia -presidida por Martín Ocampo (UCR-Ev)-. De esta manera, la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, la que pasará a ejercer algunas de las funciones administrativas que competen a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.
También se estableció que las competencias y facultades de administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán ejercidas por esa nueva Secretaría, la que presidirá la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.
Cabe recordar que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atribuye al Consejo de la Magistratura la función de proyectar y administrar el presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial. El Ministerio Público -también por mandato constitucional- tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se divide en tres organismos: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Asesoría Tutelar.
Los fundamentos de la norma aludieron al “fortalecimiento de la gestión judicial y una administración austera de los recursos” y se hizo hincapié “generar procesos más ágiles y transparentes, propendiendo a la unificación presupuestaria, la implementación de sistemas informatizados como el presupuestario, de expedientes electrónicos, procesos de compras y contrataciones, designación de personal y digitalización de documentos”.
La medida se aprobó con 36 votos afirmativos de los bloques Vamos Justos, UCR-Evolución, GEN y Partido Socialista; mientras que obtuvo 21 votos en contra de parte del Frente de Todos, PTS, FIT, PO y AyL.
