En el marco de las serias consecuencias económicas que está generando la pandemia y la consecuente cuarentena, el Estado ha tenido que salir a brindar ayuda a buena parte del empresariado víctima de la parálisis. Ante ello, la diputada nacional kirchnerista Fernanda Vallejos advirtió que esa ayuda estatal debe tener ciertos límites vinculados con el comportamiento de los sectores que piden asistencia.

Por eso anticipó lo que define como “un criterio básico de exclusión”. El mismo consistiría en “negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino”. En este sentido, Vallejos anticipó que “vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos”.

Pero también les apunta a los grandes grupos que salen a pedir asistencia del Estado. Si éste les brinda subsidios a esos sectores, dijo, “sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

Estos razonamientos forman parte de un extenso hilo de tuits en los que la economista analiza la asistencia que están brindándose a distintos sectores en esta emergencia. “Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado”, señala la diputada nacional al referirse a la inyección de una importante cantidad de recursos desetinados por el Estado para “garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento”.

Para la presidenta de la Comisión de Finanzas esto es “crítico” para el éxito de la propia estrategia sanitaria. En este marco, sostiene, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, la otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan.

Vallejos señala que el Gobierno ha optado por este segundo camino, de ayudas focalizadas. Y en ese sentido señala al IFE, asistencia para la cual se deben cumplir una serie de requisitos, lo mismo ocurre con las facilidades crediticias y fiscales para empresas y otras personas, así como con el resto de los programas.

“En ese marco, los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales -considera Vallejos-. Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado”.

A continuación, la diputada kirchnerista advierte que “la noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”.

“Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden”, expresó la diputada, que sugiere como responsabilidades prioritarias del Estado homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras.