El proyecto que crea un programa de protección para el personal de la salud, en el marco de la pandemia por el Covid-19, fue avalado por unanimidad y se tratará en sesión este jueves.
Las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado dieron dictamen favorable por unanimidad al proyecto de “Ley Silvio”, que crea un “Programa de Protección al Personal de la Salud” en el marco de la pandemia por el Covid-19. La iniciativa fue bautizada de esa manera en honor a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus en la provincia de Buenos Aires.
Durante la reunión virtual de este lunes, uno por uno los senadores manifestaron a viva voz su posición a favor del despacho. De todas maneras, el acompañamiento se ratificará mediante el trámite de firma digital, algo que es la primera vez que ocurre en la historia del Congreso Nacional con un proyecto de ley.
“Estamos dando una respuesta inmediata”, destacó el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, en referencia a la iniciativa que tuvo media sanción por unanimidad la semana pasada en la Cámara de Diputados. Además, el formoseño informó que se tratará en sesión remota el próximo jueves.
Durante la reunión, conducida por el radical Mario Fiad -presidente de la Comisión de Salud-, el oficialista Carlos Caserio destacó que la iniciativa abarca a los trabajadores y voluntarios que no pertenecen al sistema de salud, pero se encuentran realizando actividades o servicios esenciales y están expuestos a contagio.
“Es una ley fundamental para proteger a los trabajadores de salud”, sostuvo el cordobés y resaltó que desde el Frente de Todos tomaron la “decisión de no plantear cambios”. Ante inquietudes de la oposición, el titular de la Comisión de Presupuesto aclaró que se puede enviar al Poder Ejecutivo “las cosas que se consideren prudentes y estén dentro de la posibilidad de la reglamentación” de la ley.
En ese sentido, la radical Silvia Elías de Pérez pidió que cuando se reglamente la norma, en referencia al punto que crea un “Registro Único de Personal de Salud” contagiado por Covid-19, se resguarde con confidencialidad la información del mismo. En esto coincidió su par Silvia Giacoppo, que expresó hay que “impedir la estigmatización” a médicos y enfermeros, porque de hecho “ya hemos visto que después de un aplauso venía el escrache”.
Para el oficialisata Jorge Taiana, esta ley “es un acto de defensa propia” porque, aunque se logró ampliar la capacidad del sistema de salud, “si sufrimos un daño en quienes deben dar la respuesta, se nos derrumba el sistema”.
A su turno, el puntano Claudio Poggi hizo hincapié sobre la cuestión del federalismo y al remarcar que “la salud está a cargo de las provincias”, señaló que “esta ley fija todo un programa en cabeza del Gobierno nacional”. Por lo tanto, consideró que en la reglamentación se debe incluir un trabajo articulado de la autoridad de aplicación -que se estima será el Ministerio de Salud- con el Consejo Federal de Salud, donde participan todas las jurisdicciones.
En tanto, la chubutense Nancy González sostuvo que “es urgente que podamos tratar esta ley y también es urgente que cada uno empecemos a charlar con las Legislaturas locales para que puedan darle rápido tratamiento”, en alusión al artículo 11 de la ley que invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la ley.
Un tema que planteó Martín Lousteau fue que no se sabe “cuál es el costo fiscal” del proyecto. Para el opositor, las cuestiones que se establecen en la iniciativa “se suponen que deben estar ocurriendo” y que “cada una de las jurisdicciones se tienen que estar ocupando de esto como la Nación”.
El radical opinó que la ley “tendría que estar aportando protocolos muy específicos y, por otro lado, recursos”. “Me parece bien desde el punto de vista simbólico, pero tratemos de encontrar otra metodología”, manifestó en relación a los fondos que las jurisdicciones necesitan.
Luego del plenario, la Comisión de Salud avaló un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.
El proyecto declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales” durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.
El “Programa de Protección al Personal de la Salud” alcanza a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.
De acuerdo a la iniciativa, las clínicas y hospitales deberán “garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.
La autoridad de aplicación, “en coordinación con los demás ministerios y órganos de gobierno, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales” deberá establecer “protocolos de protección y capacitaciones destinados a la prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales que impliquen exposición al contagio de Covid-19”.
El artículo 8, referido al financiamiento, indica que los gastos que demande la norma “serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias”.
Además plantea que “la autoridad de aplicación podrá recibir donaciones de recursos financieros y materiales que realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o de cooperación y organizaciones o entidades con fines de lucro con actividades en nuestro país”.
