Lo transmitió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a legisladores del oficialismo y oposición durante la reunión constitutiva de la comisión que debe elaborar una nueva fórmula previsional.
Por Carolina Ramos
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó este lunes a legisladores del oficialismo y la oposición la intención del Poder Ejecutivo de prorrogar la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.
La cuestión se discutió durante la reunión constitutiva de la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que fue suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.
En el encuentro, que fue de carácter virtual, Moroni informó sobre el plan para prorrogar la vigencia de los artículos 55 y 56 de la norma, que le cedieron al Ejecutivo la facultad de decretar los aumentos trimestralmente hasta que se sancione una nueva fórmula.
De esta manera, en los próximos días, el Gobierno evaluará la vía legal -ya sea a través de un proyecto de ley o de un DNU- para extender la vigencia de esa medida.
El primer aumento por decreto se otorgó en el mes de marzo -fue del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos- y habrá un nuevo incremento en junio, que será del 6,12% para todos los jubilados, según informó Moroni, también este lunes, en una conferencia de prensa junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.
Si bien Juntos por el Cambio se opuso a que los aumentos se sigan dictando por decreto, los representantes del oficialismo plantearon en la reunión las dificultades para elaborar una nueva fórmula en un contexto donde todas las variables económicas sufrieron un desajuste como producto de la pandemia del Covid-19.
Además de Moroni, participaron del encuentro los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias.
En representación de la Cámara de Diputados, tomaron parte los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se sumó el titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).
Por el Senado, integraron la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).
Al cabo de la reunión de comisión, diputados y senadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde señalaron que, si continuara vigente la fórmula aprobada en 2017 y ahora suspendida, “en junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones”, y no del 6,12%.
“La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional, establecido en el histórico artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nuestra ley suprema establece que los derechos constitucionales son reglamentados por ley. Sin embargo, el oficialismo dispuso mediante la Ley de Emergencia 27.541 la suspensión de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y ordenó que los aumentos a las jubilaciones se realizaran discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo”, repasaron los legisladores.
En ese sentido, consideraron que “esto va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido que debe haber un índice de movilidad fijado por el Congreso”.
Desde Juntos por el Cambio explicaron que “la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no hay ningún otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho establecido en el artículo 14 bis. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad”.
“Más grave es aún que con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados que cobraban por arriba de 16.200 pesos vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%”, lamentaron.
Por último, concluyeron: “Estamos dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso, por eso hoy concurrimos a la constitución de la comisión especial creada por la ley 27.541, pese a haber sido convocada con cinco meses de retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse. Hasta tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula vigente votada en 2017”.
