Con acuerdo unánime, recibió dictamen un proyecto para actualizar la regulación de la Cruz Roja

La iniciativa avanzó en un plenario de comisiones del Senado y será tratada en la sesión virtual de este jueves. La ley actual data de 1.893 y la propia institución pidió una nueva normativa.

El dictamen surgió de las comisiones de Legislación General y Presupuesto (Foto: Comunicación Senado)

Con acuerdo de todos los bloques, obtuvo dictamen favorable en el Senado un proyecto de ley que actualiza la regulación de la Cruz Roja y su vínculo jurídico con el Estado Nacional, en momentos donde la tarea de la institución cobra una especial relevancia por el combate al Covid-19.

La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018 por amplia mayoría y este martes fue avalada en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto del Senado, por lo que quedó en condiciones de ser sancionada en la sesión virtual del jueves.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó que ese día se tratarán, sobre tablas, la ley de la Cruz Roja junto con los dos proyectos que aprobó la Cámara de Diputados: la “Ley Silvio” de protección al personal de salud, y la exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales.

Ana Almirón, presidenta de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cruz Roja “es una asociación civil sin fines de lucro que presta tareas de auxilio a los poderes públicos en el ámbito humanitario, y en época de pandemia es una de las sociedades que más viene ayudando”.

La senadora del Frente de Todos indicó que la institución “realiza colaboración no solo con el Gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales y la CABA, siempre que se la convoca”.

Entre los beneficios de la nueva normativa, mencionó “la gratuidad de su actuación siempre que se presente como persona actora en procesos judiciales; la asignación de espacios gratuitos de publicidad; la exención del pago de peajes tanto para vehículos como para ambulancias; y la eximición del pago de derecho de importación” para adquirir equipamiento.

Almirón recordó que se trata de “la organización humanitaria más antigua, con más de 120 años de trabajo y la mayor cobertura en el país, con más de 65 filiales”, y consideró que la ley es una “deuda histórica” del Congreso.

En la misma línea, otro oficialista, Mario Pais, opinó que es “urgente” y “pertinente” la sanción de esta ley, dado que la regulación actual -que ahora será derogada- es del año 1.893. De todos modos, el chubutense remarcó la necesidad de trabajar para que las provincias puedan adherir.

“Esta es una entidad que, en el marco de la pandemia, es de alta utilidad para los intereses de la Nación y de la población”, destacó Pais.

La advertencia de Romero

Desde la oposición, Esteban Bullrich (Pro) adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio al proyecto, y en el mismo sentido se expresó Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), aunque el salteño realizó una objeción.

“Habíamos acordado tratar temas relacionados a la pandemia. Si bien se trata de una institución muy valorada, es muy tangencial la relación de esta sanción con lo acordado. Prueba de esto es que el proyecto es muchísimo anterior a la pandemia”, planteó Romero.

Y agregó: “No traigamos a la mesa de sesiones temas que tangencialmente puedan estar adentro de lo acordado, porque sino no habría límites. Quiero creer que la reforma judicial no tendrá nada que ver con la pandemia”.

Minutos después, Martín Lousteau (UCR) recogió el guante y aclaró que “la capacidad de respuesta financiera de la Cruz Roja se ve afectada” por la situación de emergencia sanitaria, por lo que “es estrictamente pertinente a lo que decidimos ajustarnos en las sesiones virtuales”.

A su vez, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) opinó que “no es más oportuno el momento” para sancionar esta ley, y recordó que “una de las primeras instituciones que llevó a cabo una campaña para recaudar fondos  fue la Cruz Roja”, a través del “teletón” realizado el domingo 5 de abril, donde se recaudaron casi 88 millones de pesos.

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