Los diputados integrantes de las comisiones de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, y de Presupuesto y Hacienda, de Carlos Heller, escucharán este martes al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien expondrá sobre el proyecto del Ejecutivo que modifica la suspendida ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

El plenario funcionará por videoconferencia a partir de las 11 de este martes, reflotando una iniciativa que tiene por objeto reemplazar la Ley 27.506, cuya aplicación fue suspendida por este Gobierno.

El Poder Ejecutivo envió el 19 febrero pasado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que contiene modificaciones a la norma, la cual busca incentivar la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información.

“Resulta procedente realizar ciertas modificaciones con el fin de lograr una ley más progresiva, equitativa, federal y solidaria, que acompañe los propósitos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, argumentó el Ejecutivo entonces.

Entre los principales cambios, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas; por el contrario, se establece una estabilidad de los beneficios por el período de duración de vigencia del régimen.

En este sentido, “se garantiza a las empresas adherentes que se les mantendrán las condiciones de los beneficios previstos en el régimen mientras se mantengan dentro del mismo y durante su vigencia”.

A su vez, “tampoco condiciona al Estado para la imposición de nuevos tributos, lo cual podría afectar las condiciones de equidad y justicia con otros sectores sociales y productivos”.

Por otra parte, el proyecto modifica la forma de calcular el beneficio proveniente de la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, estableciendo un porcentaje de la alícuota vigente y no una reducción de la alícuota misma.

Otro de los cambios importantes es la limitación del ingreso al régimen a aquellas empresas que prestan “servicios profesionales”, las cuales deberán cumplir con la exigencia del 70% de exportaciones, y no podrán ser empresas sin facturación.

“Con esta exigencia se trata de limitar el ingreso a las empresas de este rubro, tratando de ajustar los parámetros que se acerquen a los objetivos de las actividades promovidas en lo que se entiende Economía del Conocimiento y de fomentar solo aquellas empresas que generen divisas y empleo de calidad”, fundamenta el Ejecutivo.

En tanto, las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.

También se fijan requisitos de ingreso, evaluación y permanencia en el régimen más exigentes, diferenciados según el tamaño de cada empresa y el grado de madurez de cada sector productivo.