Una de las tres leyes que -por primera vez en la historia- el Senado sancionó de manera virtual este jueves, es la que actualiza la regulación de la Cruz Roja y su vínculo jurídico con el Estado Nacional, en momentos donde la labor de la institución cobra especial relevancia por su aporte a la lucha contra la pandemia de coronavirus.

La norma, que había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados en julio de 2018, fue aprobada por unanimidad. El interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo en tres artículos, referidos a autorizaciones para el Poder Ejecutivo.

Miembro informante del oficialismo, la correntina Ana Almirón destacó que con esta ley se salda “una deuda histórica que tiene el Congreso con la Cruz Roja”, una de las instituciones “más antiguas del país”.

Para la presidenta de la Comisión de Legislación General, el proyecto es “oportuno, necesario y urgente”, porque consiste en “darles visibilidad a todos los voluntarios del país que vienen desarrollando esta actividad en forma desinteresada y gratuita”.

“El objeto primordial es darle un marco normativo y regular la relación que tiene hoy la Cruz Roja con el Estado Nacional”, señaló, y agregó que “en el marco de la pandemia (la institución) viene desarrollando actividades, poniendo a disposición sus recursos humanos, sus equipos técnicos y materiales en beneficio de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

También, la legisladora mencionó que la Cruz Roja “fue la primera en realizar una colecta” para el combate contra el Covid-19, que alcanzó “alrededor de los 88 millones de pesos” de recaudación.

Desde Juntos por el Cambio, el riojano Julio Martínez repasó el origen de la Cruz Roja y cómo “a lo largo de la historia ha ido interviniendo en diferentes conflictos” y, en el caso de Argentina, ha participado de hechos como los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Además, el radical destacó que la institución “ha formado a 200 mil enfermeros”. “Tenemos que saldar una deuda normativa que tiene el Estado argentino con esta institución”, consideró y sostuvo que “esta ley avanza en regular el vínculo jurídico con muy buen tino”.

“Darle una nueva legislación a esta institución es también fortalecer la democracia”, opinó el salteño Sergio “Oso” Leavy (FdT), que celebró el acuerdo entre los distintos bloques sobre este tema y manifestó que estas leyes “vienen a hacer justicia”.

En tanto, la pampeana Norma Durango (FdT) ponderó que “los voluntarios son reconocidos en todas las poblaciones y en todas las ciudades y trabajan no solamente en casos de emergencia, sino cotidianamente ayudando a los más necesitados”. “Siempre la Cruz Roja está presente ante las emergencias”, añadió.

Puntos principales de la ley

La norma sancionada establece la colaboración de la Cruz Roja Argentina con las autoridades del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios en situaciones de desastres o emergencias públicas, en tiempos de paz o en conflictos armados.

También dispone la autorización a la institución para desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el territorio, y encuadra en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, la prestación de servicios de los voluntarios de Cruz Roja.

En la ley se declara la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio de la Cruz Roja Argentina y los fondos provenientes de donaciones.

Además, se establecen las exenciones impositivas del pago de aranceles para la importación de bienes necesarios para el desarrollo de su actividad, y del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias de movimientos en cuentas bancarias que la institución use para su actividad.

Entre los beneficios, la norma permite la gratuidad en los procesos judiciales en los que intervenga como parte actora; la asignación de espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación que integren el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; y la exención del pago de peajes para vehículos y ambulancias de la Cruz Roja.