Precisamente en 2004, en Argentina, se sancionó la Ley nacional N° 25.929 que establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.

De esta forma, las mujeres como usuarias del sistema de salud tienen derecho al cuidado, al respeto y al acceso a la información médica, así como a decidir libremente la forma y la posición en el momento del parto.

Esta normativa, además, hace fuerte hincapié en los deseos, las necesidades y el vínculo del binomio madre-hijo/a, atendiendo al rol de la familia y del padre en todo el proceso.

En la actualidad, hay sólo tres provincias argentinas que no han adherido a la norma nacional, entre ellas, la provincia de Buenos Aires.

Este ha sido una demanda importante del movimiento de mujeres para avanzar en la conquista y consagración de sus derechos en el territorio bonaerense.

Por ello, en el marco de la semana mundial de Parto Respetado que se inició el pasado lunes 17, el bloque de senadores provinciales del Frente de Todos propuso reconocer la importancia de esta Ley Nacional.

La iniciativa fue presentada por legislador Francisco “Paco” Durañona, que explicó “la trascendencia de este asunto, especialmente al ver que la provincia de Buenos Aires, para el 2018, tuvo una Tasa Bruta de Natalidad de 14,6 (por mil habitantes) y se produjeron cerca de 250.000 nacimientos.

Contar con una ley que garantice el trato digno, el cuidado y respeto a las mujeres y personas gestantes en un momento tan importante como es el parto y el posparto, se vuelve una exigencia”.

En ese sentido agregó que “nuestra voluntad política es generar las herramientas que garanticen los derechos de las mujeres, sus decisiones y los de sus hijos o hijas en todo momento, evitando prácticas invasivas y asegurando su libertad de elección”.