Fuerte respaldo oficialista a la propuesta de Vallejos

Funcionarios, legisladores y empresarios y gremialistas se alinearon con la idea de la diputada del Frente de Todos que promueve que el Estado se quede con parte de las empresas auxiliadas en esta crisis.

Figuras de la política, el empresariado y organizaciones gremiales y sociales, de abogados laboralistas, intelectuales, periodistas y comunicadores se mostraron a favor de avanzar con la propuesta de capitalización de las compañías en dificultades económico-financieras que formuló la diputada y titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos.

Se pronunciaron, entre otros, los ministros de Trabajo y Educación, Claudio Moroni y Nicolás Trotta; los legisladores Oscar Parrilli y Carlos Heller. También Vallejos contó con el respaldo del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla. Y del Grupo Curas en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna.

En el ámbito partidario, la iniciativa entusiasmó al presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, José Luis Gioja. Los líderes sindicales Pablo Moyano (camioneros), Hugo Yasky, y Pablo Micheli, hicieron explícito también su apoyo.

La diputada Fernanda Vallejos propuso esta semana la capitalización por parte del Estado de las empresas que cotizan en el mercado bursátil. Desde ese momento, la legisladora oficialista ha recibido un contundente apoyo de miembros del Gabinete Nacional, legisladores, dirigentes empresarios, abogados laboralistas, sindicatos, organizaciones sociales y de la Iglesia, intelectuales y periodistas.

En efecto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, evaluó como “interesante” la iniciativa ya que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”. Desde el gabinete nacional también se pronunció el ministro de Educación, Nicolás Trotta: “Se necesitan más recursos y el Estado tiene que participar”, señaló, y añadió que “se necesita un Estado que no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”.

La autora de la iniciativa basa el sustento de la misma en medidas de salvataje que se instrumentaron antes y ahora en Estados Unidos y Europa, para rescatar a las empresas a cambio de una participación accionaria del Estado. Esto es “en un contexto mundial en el que entró en crisis el modelo de globalización y la ayuda pública se consolida como la principal herramienta para mitigar el impacto de la pandemia en la actividad económica”, sostiene.

Según el FMI, este año el desplome de la actividad económica internacional será superior al 3%, el declive más pronunciado desde la Gran Depresión. Mientras que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) estimó que la mitad de las fuentes de trabajo del mundo se podrían perder por la pandemia.

En este marco, Alemania, Francia, Italia se han propuesto comprar parte del paquete accionario de empresas estratégicas en riesgo de quiebra o de ser absorbidas por empresas extracomunitarias por su debilidad bursátil.

Incluso, es de público conocimiento que el propio Estado argentino posee participación accionaria en muchas de las grandes empresas. Algunas de estas son Telecom Argentina, Edenor, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Molinos Río de La Plata. Los ejemplos internacionales que pone señalan a Estados de otras partes del mundo que son accionistas de empresas emblemáticas. Alemania es accionista de Volkswagen, Francia de Renault y Air France, Estados Unidos de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica, España de Hispasat y el Reino Unido del Lloyds Bank.

En este sentido, Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (AAB), se mostró satisfecho con la propuesta argentina al recordar que “son muchos los ejemplos de los países de Europa en los que el Estado sale a ayudar a empresas privadas de sectores estratégicos a cambio de la participación en la propiedad de la misma”.

La idea de Vallejos apunta a “impedir que capitales buitres compren empresas nacionales aprovechando su fragilidad por la crisis. Pero que, en simultáneo, las compañías rescatadas por el Estado argentino, garanticen, con una porción equivalente de sus acciones, que, cuando acabe el período de emergencia económica y se recupere la senda del crecimiento, le reintegrarán al fisco el dinero que aportaron los contribuyentes”, apuntaron desde el equipo de la legisladora kirchnerista.

Múltiples apoyos

En el Congreso, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli recordó que “en Europa están analizando estas posibilidades” como “una manera de que el Estado recomponga, mantenga o salve empresas que frente a la crisis del coronavirus están cerca de la quiebra”. Afirmó que quienes “se asustan por esto tienen prejuicios ideológicos, y porque no están viendo la realidad de lo que ocurre en el mundo y en Argentina”. “Yo aspiro a que después de esta crisis económica mundial no volvamos a la dictadura financiera internacional en donde nos gobernaban los sistemas especulativos”, concluyó.

En declaraciones radiales, el presidente del Partido Justicialista y diputado nacional José Luis Gioja consideró que “a lo que está exponiendo Fernanda Vallejos hay que darle contenido, hay que avanzar en eso. Se está haciendo en todo el mundo”.

Mientras que Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que la idea “la lanza una diputada y merece ser debatida, porque muchas de esas empresas tienen participación estatal hoy”.

“¿Es tan loco pensar que esas grandes empresas, que tienen una incidencia en la vida de los argentinos, amerite que el Estado tenga una presencia y una participación en las decisiones que se toman?”, expresó.

En el ámbito gremial, acompañaron la iniciativa de Vallejos, el secretario general adjunto del sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, el diputado y secretario General la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky  el referente, Pablo Miceli, Daniel Catalano (ATE-Capital) y Carlos Quintriqueo (ATE y CTA-Neuquén).

Al respecto, Yasky afirmó que “los recursos del Estado son los recursos de todo nuestro pueblo y que, por lo tanto, un mecanismo para capitalizar parte de lo que reciben las grandes empresas para afrontar la crisis en concepto de compra de acciones, es un mecanismo que va a permitir reciclar esos fondos”.

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, dijo que la propuesta “no se trata de intervencionismo estatal” y planteó que “estamos hablando de la contraprestación de un préstamo tal como el mundo capitalista dice y le pide a la Argentina que cumpla sus obligaciones. ¿Por qué los empresas no deberían tener obligaciones?”.

Otros referentes políticos que mostraron públicamente su apoyo fueron Fernando “Pino” Solanas, representante argentino ante la UNESCO; Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur y el diputado nacional Marcelo Koenig.

En el mundo empresario, Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) le expresó su respaldo a la iniciativa y también se pronunció, en un programa de televisión, a favor de instaurar “un salario universal para todos los argentinos”.

Al respecto, el CEO de Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla, señaló: “El motivo por el cual no me resulta algo incómodo la presdencia del Estado dentro de la actividad privada es porque hoy nos encontramos en la coyuntura de la subsistencia de muchos sectores dentro de la economía argentina”.

Por su parte, Javier Martín, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, formuló declaraciones públicas alentando la idea de “capitalización” de las grandes empresas. “En este momento donde todo se está cayendo a pedazos, el Estado está pensando herramientas para que no se les caigan las grandes empresas y, en cascada, no se caigan las empresas chicas. Es un mecanismo que no está pensado para la normalidad”, indicó.

En el ámbito de las pymes, dio su respaldo Leo Bilansky, por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).

Y, en otro orden, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA). Desde esta entidad se manifestaron “de acuerdo con la compra por parte del Estado de acciones de grandes empresas especialmente las estratégicas para el desarrollo del país por tratarse de una medida que bien implementada permitiría evitar la desnacionalización, el quiebre y la pérdida de puestos de trabajos”.

También se pronunció a favor de la iniciativa, el juez Juan Ramos Padilla, titular de la Cámara del Tribunal Oral Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que el referente de la colectividad judía Sergio Burstein.

Por su parte el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que “lo que planteó Fernanda Vallejos es algo absolutamente razonable que se discute en el mundo, no es una invención argentina o de Vallejos, porque el Estado está invirtiendo para salvar empresas que por ahí no pueden devolver inmediatamente ese crédito. Entonces, ¿por qué no lo pueden devolver con acciones o con una participación?”.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres (COPP), habitualmente cercanos a los fenómenos políticos y sociales debido a su cercanía con los sectores más vulnerables, se manifestó a través de los curas Francisco “Paco” Olveira y Eduardo de la Serna. Este último puntualizó que la propuesta “es razonable y justa”.

Del mismo modo, se mostraron públicamente a favor los periodistas Horacio Verbitsky, Roberto Navarro, Alejandro Bercovich, Daniel Tognetti, Ari Lijalad, entre otros.

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