Quieren que la telefonía móvil e internet pasen a ser servicios públicos

En caso de aprobarse el proyecto presentado por la diputada oficialista Liliana Schwindt, los abonos de esos servicios pasarían a ser tarifas públicas.

A través de un proyecto de ley, la diputada nacional Liliana Schwindt propone declarar “servicio público, esencial, estratégico y un derecho humano” al servicio de telefonía móvil e Internet, en todas sus modalidades y prestaciones.

A partir de ello, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá una prestación básica obligatoria que deberá brindarse en condiciones de igualdad a todos los usuarios. La misma será parte integrante de todo contrato entre la compañía prestadora del servicio y el usuario, señala la iniciativa, según la cual el Gobierno deberá garantizar el servicio universal de telefonía móvil e internet que deberá presentar a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y “a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.

En los fundamentos, la diputada del Frente de Todos argumenta la razón de esta ley en la situación que hoy “viven millones de argentinos en medio de la emergencia sanitaria dictada mediante el Decreto N° 260/20, el cual dispuso por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia”.

“Si bien la telefonía fija es un servicio público, este carácter no ha alcanzado a la telefonía móvil e Internet, aunque sin que existan fundamentos de fondo para diferenciarla de la primera, constatándose además que muchas personas que no cuentan con telefonía fija, han tenido en la telefonía móvil e internet una posibilidad de acceder a la comunicación, aunque a un costo muy elevado”, señala Liliana Schwindt.

La legisladora de origen massista advierte que “conductas oligopólicas, tarifarias, contratos abusivos, cambios unilaterales en las prestaciones del servicio, baja calidad del mismo, falta de inversión, acceso inequitativo al servicio y discriminación en las  tarifas, son algunos de los conflictos que ha suscitado la falta de regulación del servicio de telefonía móvil e internet y su mantenimiento en la esfera del derecho privado”. A su juicio, la pandemia “ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados un servicio  público esencial, estratégico y sean considerados un derecho humano dado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y humanas son efectuadas, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, a través de la utilización de distintos medios tecnológicos de comunicación, ya sea efectuándose llamadas telefónicas o móviles, videoconferencias, mensajes de texto, redes sociales,, etc.”.

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