Siguen dando que hablar las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa, que en un reportaje reciente dijo haber recibido “presiones” de parte de un exalto funcionario del Ministerio de Justicia de la gestión de Cambiemos. Ya se sabía desde que la propia Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de esos dichos ese tema sería explotado fuertemente  por el kirchnerismo y así fue.

Asi es que un grupo de legisladores nacionales del kirchnerismo presentó esta semana una denuncia pidiendo que se investigue a funcionarios judiciales del macrismo por el cargo de “asociación ilícita agravada” y “tráfico de influencias”, precisamente a partir de los dichos de la jueza Figueroa en AM750, hace tres sábados.

Firman la denuncia los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Martín Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Claudia Almirón y Mariano Recalde; y los diputados José Luis Gioja, Josefina Gónzalez, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Graciela Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

Los exfuncionarios señalados como “responsables de los hechos” a investigar son el propio Mauricio Macri, su jefe de asesores José Torelo; el exministro de Justicia Germán Garavano; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el exconsejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques; el anterior Procurador General del Tesoro Bernardo Saravia Frias; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el expresidente de Boca Daniel Angelici.

La denuncia pide investigar las “presiones e interferencias” supuestamente hechas para “direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por Mauricio Macri”.

“Los hechos relatados han puesto en crisis los principios básicos que hacen al Estado de Derecho”, señala el escrito donde se advierte que de comprobarse los mismos habría existido los delitos de asociación ilícita, asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En el escrito se pide proceder a librar oficios a todas las empresas telefónicas que operan en la Argentina, a los efectos de informar “los abonados utilizados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019 por (el fiscal general de la Ciudad) Juan Bautista Mahiques”, uno de los apuntados por ejercer las supuestas presiones a los jueces.

Reclaman que se realicen pesquisas sobre “los registros fílmicos, las imágenes, los libros de ingreso y egreso y cualquier otra constancia que permita establecer si entre el 10 de diciembre de 2015 y el de diciembre de 2019, magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, visitaron la residencia de Olivos; la Casa Rosada; la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

La denuncia original recayó en manos del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado y agregaron dichos de la jueza de San Martín Martina Forns, quien en declaraciones periodísticas habló de “numerosos operadores” dentro del Ministerio de Justicia y dio por sentado la existencia de una “mesa judicial del macrismo”. También pidieron sumar la declaración del expresidente  provisional del Senado Federico Pinedo, quien reconoció la existencia de “muchos casos donde la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere”.