Al exponer ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el extitular de la Unidad AMIA volvió a la carga contra la gestión de Macri, y además reconoció la existencia del audio donde Michetti le pide protección para un exfiscal.
El exsenador radical y extitular de la Unidad Especial de Investigaciones del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, denunció este miércoles que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además reconoció la veracidad de un audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide protección para un exfiscal de la causa.
Cimadevilla fue convocado a exponer, por videoconferencia, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli, acusado por el juez fallecido Caudio Bonadio de haber formado parte del encubrimiento del atentado junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Hace unos días, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer un mensaje de Michetti donde le exigía a Cimadevilla que protegiera al exfiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le decía la exvicepresidenta.
Ante los senadores, Cimadevilla admitió que el audio fue “inapropiado” y dijo desconocer cómo se hizo público, pero de todos modos sostuvo que “no es el hecho más grave que ha ocurrido” ya que durante el gobierno macrista hubo “resoluciones ministeriales y decretos del Poder Ejecutivo que apuntaban a obstruir la labor de investigación que estábamos llevando adelante para determinar las responsabilidades de quienes habían investigado el atentado”.
“El gobierno anterior, pese a que declaraba mucho interés, no tenía interés en saber qué había pasado en la AMIA”, lanzó Cimadevilla, y agregó que “cuando pedían la absolución de algunos imputados”, como Barbaccia, el también exfiscal Eamon Mullen, el expresidente de la DAIA José Beraja y el comisario Jorge “Fino” Palacios, “las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o del ministro”.
Cimadevilla recordó que fue designado al frente de la Unidad Especial AMIA en enero de 2016, con la supuesta misión de “determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer y desviar la investigación procuraron la impunidad de los responsables”.
“No acepté la designación en forma individual, sino consensuada con las autoridades del radicalismo”, aclaró de entrada.
Según comentó, la Unidad “tenía dos funciones: apoyar la investigación de jueces y fiscales durante el atentado, y ser querellante representando al Estado en la causa del encubrimiento, donde se investigaba la responsabilidad del doctor (Juan José) Galeano, funcionarios de su Juzgado, fiscales de la causa, jefes de organismos de Inteligencia, e incluso del propio presidente (Carlos) Menem”.
Por sugerencia de Elisa Carrió, Mariana Stilman -actual diputada de la Coalición Cívica- se incorporó a la Unidad como abogada querellante, tras haber trabajado años atrás en el juicio político contra Galeano.
“A medida que avanzaba la marcha de la querella, empezaron a aparecer los inconvenientes con el ministro (Germán) Garavano y algunos de sus funcionarios”, relató Cimadevilla, y amplió: “Colaboradores del ministro concurrían a las audiencias y permanentemente sugerían cosas a los abogados de la querella, y eso se hizo tan insostenible que terminaron renunciando a representar al Estado por este hostigamiento permanente”.
Según el exsenador, lo que demostraba el Gobierno en los hechos era que en la querella “no había que tener un criterio muy activo, no había que preguntar algunas cosas y no había que interrogar a algunos testigos”. Por ese motivo renunció Stilman, quien habló en ese entonces de los problemas que tuvo con Miguel Inchausti, quien oficiaba de “enlace” con Garavano.
“La actitud de los representantes del ministro impedía búsqueda de la verdad”, insistió Cimadevilla, y recordó que por esa razón Carrió hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la conducta de esos funcionarios, y luego pidió el juicio político contra Garavano.
Pero “la pelea total” con el Gobierno, que motivó la salida de Cimadevilla, fue “cuando revocaron el poder de los abogados de la querella, apoderaron a nuevos abogados y pidieron la absolución de algunos imputados”, los mencionados Barbaccia, Mullen y Palacios.
Sobre el audio difundido por Verbitsky, el exsenador afirmó: “Sí, reconozco que es un WhatsApp que me mandó la vicepresidenta Michetti, que tenía interés en saber, tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella”.
Por otra parte, Cimadevilla advirtió que “hace 20 años que la causa del atentado no se mueve, porque en Argentina existe una ‘tradición jurídica’ que dice que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar, hay iraníes imputados que se niegan a cumplir con los requerimientos de la Justicia argentina, por lo cual la causa está paralizada”.
Por eso, para el exfuncionario, “la reforma judicial no pasa por reformar un Código o por decir si la Corte va a tener dos o tres salas; pasa por que los jueces puedan actuar con total independencia”.
“Al partido radical nos pueden imputar muchas cosas, pero siempre hemos sido muy respetuosos del Poder Judicial, nunca hemos interferido en ninguna investigación”, concluyó Cimadevilla en su informe ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
