Carlos Paz y Susana Mirassou, respectivos presidentes de esos organismos, expusieron por videoconferencia en la comisión que preside “Pitín” Aragón.
Los titulares del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), Carlos Paz, y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Susana Mirassou, expusieron por videoconferencia este jueves ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde se refirieron a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.
Paz señaló que al asumir en el SENASA se encontró con un organismo “con bajo presupuesto, alrededor de 400 personas despedidas -la mayoría en 2019- y un dibujo regional achicado de 14 a 7 regiones” que obligó a hacer una “reconfiguración conversada con las provincias”, ya que “una de las principales preocupaciones del ministro (Luis Basterra) era la división regional tan grande”.
Ante la comisión presidida por José Ruiz “Pitín” Aragón (Frente de Todos), el funcionario explicó que a raíz de la pandemia se elaboraron protocolos para las distintas cadenas productivas, fundamentalmente para “los bolsones de agricultura familiar, los galpones de empaque, los mercados frutihortícolas y empresas frigoríficas”.
Paz indicó que casi todos esos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y que también hubo intervención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Según el titular del SENASA, se registraron “varias personas con contagios” de coronavirus y “un fallecido en un frigorífico de Quilmes”.
“Eso nos llevó a una segunda etapa, que fue qué hacer con esas cadenas productivas cuando aparecía un caso positivo, en un esquema donde gran parte de la gente queda fuera del sistema, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes”, señaló.
Paz también se explayó, ante una pregunta del diputado Javier Campos (Coalición Cívica) sobre la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados, entre ellos Río Grande do Sul, en una resolución con implicancias para Argentina por tratarse de un estado fronterizo.
“Esta es una situación que conocemos porque tenemos una relación bilateral fuerte y una parte importantísima de comercio agropecuario. La sorpresa fue que se agregara al estado de Río Grande do Sul, algo que no estaba previsto en la comunicación del organismo brasilero”, relató.
Ante esta situación, el SENASA mantuvo una comunicación telefónica con los responsables brasileros, que aclararon que “fue una decisión política originada en un pedido del propio Estado”.
“Nosotros tomamos la decisión de seguir vacunando. Dudamos al principio si nos convenía largar la vacunación en las fechas previstas cuando se introdujo la cuarentena. Pero en acuerdo con el Ministerio tomamos la decisión de no cambiar las fechas de vacunación, y fue una medida acertada en función de que la cuarentena se alargó y si hubiéramos esperado una atenuación, posiblemente hubiéramos tenido una demora muy grande en la vacunación”, detalló Paz, y precisó que gracias a esta decisión, hoy “más del 80% del rodeo vacuno está vacunado”.
Tras el contacto telefónico con Brasil, el SENASA envió una nota oficial solicitando mayor información sobre el tema, pero el pedido aun no fue respondido.
La reunión de comisión siguió con la exposición de Mirassou, que ante una pregunta de Jorge Vara (UCR-Corrientes) sostuvo que “la articulación Nación-provincias-municipios es clave para el INTA” y “es un camino que hay que seguir recorriendo, y más aun ante la situación de pandemia”.
Mirassou habló del trabajo sobre “el aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agropecuarios en busca de tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas, en el enfoque de economía circular”.
Además, informó que “se ha constituido un comité de contingencia del INTA para apoyar todas las actividades del programa Argentina contra el Hambre”.
Al inicio de la reunión informativa tuvo lugar el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien reclamó por “la restitución de puestos de trabajo de compañeros despedidos por el gobierno anterior”.
Catalano denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería “fue uno de los más desguazados de los últimos años” y que además sufrió “un nivel de persecución muy alto” durante la gestión de Cambiemos.
El dirigente gremial responsabilizó a Ricardo Buryaile de ejecutar una “política de desguace a nivel federal para debilitar el trabajo que se venía llevando adelante con los pequeños productores”.
Según Catalano, hubo “más de 1.200 despidos en todo el Ministerio, y esa situación de injusticia hasta el día de hoy no la pudimos resolver”.
El titular de ATE Capital consideró que la cartera “necesita de estos puestos de trabajo para poder reactivarse”. “Sabemos que la crisis es cruda, pero la alimentación de nuestro pueblo también está en una situación crítica”, dijo.
Asimismo, propuso que una parte de la recaudación generada con el futuro impuesto a la riqueza sea destinada a pequeños productores.
