Buscando ponerle fin a los hechos de violencia contra los trabajadores esenciales, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 55 votos a favor y tres en contra una iniciativa del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar el Código Contravencional porteño y aplicar multas a quienes discriminen a esos trabajadores.

La medida contó con el apoyo de todos los bloques de la Casa, a excepción del PTS, FIT y PO que lo rechazaron.

Es así que el texto considera como un agravante, y por lo tanto eleva las penas al doble, cuando “la contravención sea cometida contra un trabajador de la salud, personal policial o judicial, y la conducta esté motivada en razón de haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.

De esta manera, los agresores serán castigados con dos a diez días de trabajo comunitario o con multas que oscilan entre las 158 y 793 unidades fijas -es decir, entre $3.381 y $16.970 pesos-.

Por otro lado, la Legislatura también aprobó un proyecto de declaración, a través del cual expresó su agradecimiento a los trabajadores de la educación, tanto del sector público como privado; a los cuerpos de agentes dependientes del Ministerio de Seguridad del GCBA (Policía de la Ciudad, Cuerpo de Bomberos, y agentes de prevención) y a los voluntarios que colaboran en áreas o programas vinculados con la atención de la pandemia del Covid 19. A fin de reconocer y valorar la labor que vienen desarrollando desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El debate en el recinto

La diputada Claudia Neira (FdT) aseguró que “por supuesto que acompaños este proyecto porque tenemos la convicción de que es necesario cuidar al personal de salud en este momento” e insistió en que como institución “deberíamos repudiar estas situaciones, por eso nos extraña que no hayamos podido aprobar alguna expresión de repudio”.

“Todos los días recibimos denuncias por parte del personal de salud, tanto público como privado, por la falta de insumos, entre otras cuestiones. Hay un gran descontento por parte del personal de la salud, tenemos que tenerlo en las condiciones que corresponden y cuidarlos”, remarcó.

A su turno, el oficialista Claudio Cingolani (VJ) aseveró que “este flagelo del Covid 19 trajo lo mejor y peor de las personas, de la política y de todos” y recordó que “por eso la modificación de esta ley recibió las mejoras y propuestas de los distintos bloques, está muy bien que no pase inadvertido en las normas las agresiones y la discriminación. Está muy bien que se penen las conductas despreciables”.

“Hemos tomado conocimiento de distintos agravios y ofensas: agresiones a un farmacéutico, una carta a una médica pidiéndole que se retire del edificio, entre otras. Hay que condenar estas conductas de quienes no entienden de normas de convivencia, aunque, por supuesto, no representan a la mayoría de los vecinos de la Ciudad”, completó.

En tanto Alejandrina Barry (FIT) consideró que en la Legislatura “discutimos cosas pero no las centrales que aquejan a nuestra ciudad, se quintuplicaron los casos en los barrios vulnerables, tenemos problemas en los geriátricos y paradores, pero no discutimos los problemas fundamentales y profundos”.

Además puso el foco en la “falta de insumos” en los hospitales públicos de la Ciudad y advirtió que el personal de la salud debe reutilizarlos y que, en algunos casos, deben llevarse los camisolines para lavarlos en sus hogares. “Somos uno de los países con mayor cantidad de profesionales de salud contagiados”, subrayó.

Sobre esa misma línea, Victoria Montenegro (FdT) consideró que “si hay personas que discriminan a los profesionales de la salud, seguramente lo aprendieron de la meritocracia y eso fue política de Estado hasta el 10 de diciembre. Aprendieron que solo importan ellos y no el que tienen al lado” y volvió a poner el foco sobre la necesidad de que existan protocolos de actuación para los barrios populares.

Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Gimena Villafruela (VJ), recordó que “a mediados de abril presenté un proyecto de declaración de repudio frente a estos actos de discriminación” e insistió en que “estas personas básicamente pretenden imponer sus propias reglas de convivencia, atentando contra los derechos civiles de los demás. El personal de salud es la primera línea de defensa frente a la pandemia, y merece todo nuestro respeto y agradecimiento”.