Luego de una semana de impasse, el Senado vuelve a sesionar de manera virtual, según se confirmó este martes. Y tratará dos proyectos que obtuvieron dictamen este mismo martes, como así también más de una docena de Decretos de Necesidad y Urgencia entre los que figuran dos que generarán gran polémica, pues corresponden a la gestión Macri, a los que el oficialismo pretende derogar.

La sesión especial está prevista para este jueves a partir de las 14, según el decreto emitido por la presidencia del Senado, y comprende un temario que incluye el proyecto de ley de educación a distancia para menores de 18 años en casos excepcionales.

Ese proyecto será ley si es aprobado, pues ya recibió media sanción de Diputados el pasado 21 de mayo, por amplia mayoría. Este martes obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Educación y Cultura, con lo que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión. Esta modalidad de educación a distancia, según establece el proyecto, será autorizada “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.

El otro proyecto de ley que será abordado este jueves es el que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.944) respecto de los contratos de locación. En este caso también cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado, pero difícilmente sea ley, pues podría ser modificado, según se desprende de lo conversado este martes durante su debate en comisión. Allí desde el propio oficialismo surgieron propuestas de modificaciones. La iniciativa extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de trece DNU, con la particularidad mencionada de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por Mauricio Macri.

Los decretos previstos para discutir este jueves que llevan la firma de Alberto Fernández son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20 que modifica el Presupuesto General.

También figura en el temario los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.

Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, también dictado por Mauricio Macri, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La acalorada discusión concluyó con la retirada masiva de los representantes de Juntos por el Cambio.

No es de esperar que el debate de este jueves sobre esa cuestión en el recinto -aunque sea virtual- vaya a ser más calmado. Más bien todo lo contrario.