El diputado nacional José Luis Ramón presentó un proyecto que busca sancionar un marco regulatorio para el crédito y la financiación para consumo emitida por proveedores ajenos al sistema financiero (aquella que no corresponde a bancos o tarjetas de crédito por ser regulada por leyes específicas y las reglamentaciones del BCRA), que proteja a los usuarios y consumidores frente a la usura, las prácticas abusivas de los proveedores y a posibles situaciones de sobreendeudamiento.

Al referirse a su propuesta, Ramón recuerda que durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri se observó con preocupación la creciente inauguración de casa de créditos personales e incluso, la emisión de este tipo de créditos por parte de instituciones nacionales como ANSeS. Ese crecimiento fue dado por varias razones económicas, pero dos impulsaron a muchas personas, incluso muchos jubilados y pensionados a contraer créditos personales; esas razones fueron la creciente y sostenida inflación que dejó los salarios por el piso, y la reforma de la fórmula de jubilaciones que determinó bajos aumentos.

Ramón recuerda que el impulso a que se tomen ese tipo de créditos, con tasas altísimas aun siendo muy poco el dinero prestado, generó que miles de argentinos y argentinas entraran en un sistema usurario, donde terminaban adeudando mucho más de lo prestado, y lo que es peor, muchas veces ese dinero solicitado era utilizado para compras alimenticias, frente a la imposibilidad de que un salario o jubilación mínimos alcanzara para la misma compra.

Las fuentes del proyecto del legislador mendocino son distintas iniciativas presentadas por sus pares en su paso por el Congreso de la Nación, así como sentencias del Poder Judicial y los aportes de nuestra doctrina nacional, las cuales se recuperan a efectos de lograr un régimen de protección integral, ahora complementado con el aporte de la ciudadanía a través del presente mecanismo de participación.

Ramón prevé crear un Registro Nacional de Proveedores de Crédito y Financiación para Consumo, el cual resultaría de inscripción obligatoria para la emisión de crédito y/o financiación destinada a usuarios y consumidores, el cual se encuentra bajo la órbita de la autoridad nacional de aplicación de la Ley 24.240 (de Defensa del Consumidor).

Asimismo establece la determinación de tasas máximas para los intereses que estos créditos o financiaciones pueden tener (costo del servicio crediticio o de la mora), así como la represión de las cláusulas o prácticas constituyan el fraude a estos límites legales.

El líder del partido Protectora impulsa el reconocimiento de nuevos derechos a los usuarios y consumidores, de mecanismos de prevención del sobreendeudamiento o saneamiento de la mora, y del régimen de la prescripción de las deudas que originan estos servicios. Sugiere además la implementación de mecanismos que prevengan y disuadan a los proveedores de desarrollar prácticas abusivas e ilícitas, en los cuales se contempla la reparación del usuario o consumidor perjudicado en la misma sanción.

En caso de transformarse en ley, el proyecto incorporará nuevos delitos penales “de consumo” propiamente, en los cuales se reprime estar particulares modalidades de usura o coacción; y la incorporación de mecanismos judiciales para la prevención y reparación de estas prácticas mediante un proceso colectivo o el control judicial en cada causa en particular.

La finalidad del presente régimen es el cumplimiento del mandato constitucional de proteger la libertad, seguridad, dignidad e intereses económicos de los usuarios y consumidores, motivo por el cual estamos orgullosos de presentar a su consideración y aporte el fruto de nuestro trabajo e ideas.