Petri pidió no dar quórum y rechazar el “ajuste” a los jubilados

El diputado Cacace sostuvo que se está violando la pauta constitucional que señala que la movilidad jubilatoria debe estar establecida y protegida por ley.

Finalmente, y a pedido de la comisión creada por la Ley de Emergencia aprobada en diciembre, el presidente Alberto Fernández envió un proyecto de ley para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días más hasta diciembre.

El diputado nacional Luis Petri estalló en las redes sociales luego de que ingresara a la Cámara de Diputados la ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria. “Un año de discrecionalidad y pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, donde el Gobierno establece aumentos por debajo de la inflación”, remarcó el mendocino.

Además, señaló que “los ‘aumentos’ por decreto de Alberto Fernández le han causado un grave perjuicio a los jubilados. Si la fórmula de movilidad no hubiese estado suspendida en junio, les hubiera correspondido un incremento de 10,9%, casi el doble del 6,12% que se fijó”.

“Según Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el Gobierno entre enero y agosto se va a ahorrar 34.000 millones de pesos por el brutal ajuste a los jubilados. Toda la oposición debe decir #NoAlAjuste de Alberto Fernandez a los Jubilados y no dar quórum para que se trate”, exigió el legislador radical.

Por su parte, su correligionario Alejandro Cacace expresó su oposición a “que se le quite previsibilidad a nuestros adultos mayores sobre los aumentos que tendrán”.

“Con esta iniciativa se viola la pauta constitucional que señala que la movilidad jubilatoria debe estar establecida y protegida por ley, sumado además al perjuicio a los aumentos de marzo y de junio, que otorgaron entre 540 y 14.000 pesos por mes menos por beneficio de lo que hubiera correspondido de acuerdo a la Ley de Movilidad”, agregó el legislador puntano, para quien “la movilidad es un derecho constitucional amparado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. Dicha cuestión debe estar establecido por ley, así lo ha indicado la Corte Suprema de Nación, y hasta tanto discutamos una nueva ley de movilidad debe regir la actual y no debe haber discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo”.

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