Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Roxana Reyes impulsan un pedido de informes para que el Gobierno aclare si relanzó el polémico Plan Qunita en la provincia de Santa Cruz, tal como trascendió en medios de comunicación locales, y que fue suspendido en el año 2016 por contener elementos peligrosos para la salud.

Ocaña denunció penalmente en 2015 la licitación del Plan Quinita por 900 millones de pesos con grandes repercusiones en el ámbito judicial, tanto por investigaciones concernientes a la peligrosidad de ciertos productos que integraban el kit, como por aquellas que investigaban la existencia de sobreprecios, razón por la cual se imputó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el actual ministro y vice de Salud bonaerense respectivamente, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

Al respecto, las diputadas coincidieron en que “esos kits, independientemente de si fuesen o no los mismos que se entregaban en el año 2015, ameritan contar con la aprobación de los expertos luego de ser sometidos a rigurosos análisis de calidad y seguridad” y agregaron que “así como para el caso de la pandemia causada por el Covid-19 escuchamos a los expertos en salud y tomamos las medidas que aquellos juzgan pertinentes, en este caso debe ocurrir exactamente lo mismo ya que de no ser así son susceptibles de poner en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, indicaron que “los defectos y deficiencias que presentaban estos productos ponen en riesgo las vidas de las personas a las que pretenden beneficiar por lo que es de suma urgencia que se determine si los mismos han sido subsanados o, por el contrario, si son los mismos kits que, almacenados en depósitos desde la suspensión del plan, fueron recogidos y nuevamente entregados desatendiendo los análisis de seguridad preexistentes”.

Por otro lado, el proyecto de resolución presentado pregunta además si “los kits que actualmente se están distribuyendo fueren los mismos que años atrás habían sido sometidos a análisis debemos conocer si, entre otros, el porta-enfant, que era considerado peligroso, fue extraído y todo lo que pueda ser mercadería vencida como por ejemplo las cremas que integraban el mismo”.

El 14 de septiembre del 2016 el juez que entendía en la causa ordenó destruir 60 mil cunas del plan “Qunita” por considerarlas inseguras, medida que encontró justificada atendiendo al informe elaborado por el INTI y en virtud del cual expresó que “las cunas y sacos de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría”.

El Plan Qunita fue lanzado con la intención de evitar muertes de recién nacidos producto del colecho y así brindarles ayudas a las familias que lo necesitan para que los recién nacidos tengan un lugar en su hogar donde puedan descansar.

Sin embargo, los sobreprecios en la compra de los productos y la pésima calidad de los materiales que fueron entregados envolvió de corrupción la licitación.