La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que preside José Cano (UCR) emitió dictamen favorable este martes sobre dos proyectos de ley para la creación de un Fondo Federal de Transporte Automotor (FOFETRAA) y el reordenamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que sería implementado en todo el país.

Al abrir la reunión virtual, Cano explicó que cuando se firmó el Consenso Fiscal durante la gestión anterior, se transfirieron partidas y responsabilidades a las provincias, y en ese momento, a pedido de la oposición, se generó un Fondo Compensador del Transporte Público “para atender las dificultades de este servicio en sus distintas modalidades”.

En los últimos días, el Gobierno prorrogó por cuatro meses ese fondo, y ahora se busca “volver a darle centralidad al Ministerio de Transporte” en la distribución de subsidios a través de la creación del FOFETRAA, por el cual se brindará asistencia económica al servicio de transporte público urbano, suburbano, interurbano, automotor y de pasajeros en todo el país.

Según explicó Cano, autor del proyecto, el nuevo fondo se nutrirá del financiamiento que actualmente tiene el sistema de transporte, y también de “partidas que, por la vía de la excepción, reasigne la Jefatura de Gabinete”, ya que “los fondos que hoy tenemos son insuficientes”.

El diputado indicó que la iniciativa “habilita al Poder Ejecutivo Nacional a distribuir los subsidios entre las provincias a partir de nuevos convenios que tendrá que firmar el Ministerio de Transporte en el marco de los decretos y leyes vigentes”.

Otro de los aspectos del proyecto es “la nacionalización del SUBE”, ya que en el caso del AMBA, donde hay “300 líneas nacionales”, el sistema “tiene los atributos sociales que son subsidiados por el Gobierno nacional”, y “hay provincias que tienen SUBE, como el caso de Jujuy, y no tienen esa compensación por parte del Estado Nacional”.

“La nacionalización del SUBE va a ser una herramienta para avanzar hacia un sistema de tarifa plana que se sustente en tres pilares: subsidiar la demanda -es decir, el costo al pasajero-, los kilómetros recorridos, y garantizar el pago de salarios”, destacó Cano.

Si bien el Frente de Todos acompañó el dictamen, el diputado Jorge Romero, de Corrientes, advirtió que “vamos a seguir teniendo los mismos conflictos que tienen hoy las empresas” debido a “la asimetría que existe entre el AMBA y el interior del país”.

Sin embargo, Cano consideró que “si dejamos la situación como está hoy, la responsabilidad de los subsidios al transporte en sus distintas modalidades la tienen las provincias, a excepción del AMBA, que tiene los atributos sociales a partir de que más de 300 líneas son nacionales”.

“Estamos volviendo a un sistema donde el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de este fondo, dispone un sistema de compensación federal del transporte que hoy no tenemos. Si el Ejecutivo no hubiese prorrogado el Fondo Compensador, hoy la situación sería caótica, porque no habría herramientas para subsidiar el servicio”, abundó.

Romero insistió en que “hoy con el aporte que hacen las jurisdicciones provinciales o municipales, una empresa del interior recibe de subsidio más o menos el 30% de sus ingresos, mientras que en el AMBA reciben de un 70% a un 75% de sus ingresos”.

“Muchas provincias ya cuentan con la SUBE, y sin embargo ahí se demuestra la asimetría entre el AMBA y el interior”, insistió el correntino.

Reordenar el SUBE

En la reunión de comisión también se dictaminó un proyecto complementario, del oficialista Carlos Selva, que “plantea un reordenamiento del sistema, que tiene por objetivo darle transparencia, celeridad y homogeneidad”.

El proyecto fija la implementación del SUBE en las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales como un requisito esencial para la percepción de subsidios y compensaciones tarifarias.

La iniciativa ordena la creación de una sociedad del Estado especialmente dedicada al desarrollo, expansión y operación del SUBE en todo el país.

“Lo que buscamos con estas dos leyes es homogeneizar un criterio, darle eficiencia al sistema, mejorar el servicio y devolver el SUBE al Ministerio de Transporte, creando una sociedad del Estado que va a tener un financiamiento especifico”, ya que hoy la gestión está en manos de una entidad privada, Nación Servicios.

Juntos por el Cambio firmó el dictamen en disidencia parcial y Cano planteó dudas vinculadas a que el texto del proyecto no contempla explícitamente “la adhesión al SUBE con el 100% de los beneficios que hoy tiene el AMBA”, aunque Selva garantizó que “ese es el espíritu de la ley”.