El Senado comenzó a las 14.37 una nueva sesión virtual para debatir las leyes de educación a distancia y de regulación de los contratos de alquiler, ambas postergadas la semana pasada por el bloqueo del grueso de la oposición, que obturó los dos tercios necesarios.

Además, durante la jornada, el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de un proyecto del senador Oscar Parrilli (FdT) que propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), contemplada en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, sancionada durante el macrismo.

Tanto desde Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, como desde el Interbloque Federal, compuesto por un puñado de legisladores de fuerzas provinciales, los senadores insistirán en su rechazo a que se traten temas que no están vinculados a la pandemia por Covid-19, algo establecido por el decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner que habilitó las sesiones remotas.

El primer punto del temario es la iniciativa que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento obligatorio.

El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.

Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).

También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.