Tal y como lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura porteña inició este viernes el debate acerca de un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones en el Código de Transito, Código Contravencional y el Régimen de Faltas de la Ciudad, con la intención de poder regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats.

Es por ello que la Casa llevó a cabo una reunión conjunta entre la Comisión de Tránsito y Transporte -presidida por la oficialista Cristina García (VJ)- y la Comisión de Justicia -encabezada por el radical Marín Ocampo (UCR-Ev)-.

Durante la reunión el diputado co autor de la iniciativa, Marcelo Guouman (UCR-Ev), manifestó que “todo el universo de las transformaciones que están operando en la economía de nuestro país y del mundo, que proponen la dinámica de trabajo a través de las apps, implica un desafío enorme para la política, la Justicia y el orden ministerial” e insistió en que “es importante empezar a crear una normativa que las regule, para nosotros esta normativa lo hace”.

“No hay muchos datos formales, pero está claro que hubo un enorme crecimiento de estas apps en el último tiempo, no sólo por la pandemia sino por el crecimiento propio del servicio de delivery. Esto le acerca un producto terminado al consumidor final”, precisó y recordó que “en los últimos meses crecieron un 25% los pedidos y un 20% de comercios se inscribieron para usar esos servicios; esto nos marca la necesidad de legislar en este sentido”.

Al mismo tiempo que Manuel Socias (FdT) señaló que “todos somos conscientes de lo esencial que se volvió la actividad para los trabajadores, la población y los comercios” y consideró que “esta ley, que debería servir para proteger a los trabajadores, hace todo lo contrario porque los carga de obligaciones y prácticamente ningún derecho. Son trabajadores que están precarizados y se encuentran en una situación casi extrema”.

Además advirtió que la iniciativa “tiene dos grandes problemas: el encuadre de la actividad, porque la dejan suscripta a la actividad de mensajería y reparto, las plataformas desarrollan una actividad mucho más grande que entregar una pizza o hamburguesa; y por el otro, el excesivo reglamentarismo que solo recae en las espaldas de los trabajadores”.

“Así como está esta ley, vamos a perseguir a trabajadores precarizados. Tenemos que repensarlo desde cero, me parece que con esta medida vamos a generar más problemas”, aseveró.

En tanto el oficialista Hernán Reyes (VJ) remarcó que “el mundo está cambiando, el avance tecnológico y la economía colaborativa, pone en jaque las relaciones laborales en todo el mundo” y advirtió que “lo que sucede es que la tecnología nos está poniendo expectativas muy grandes, ¿por qué el mundo tiene este debate? Ya no pasa más la vinculación capital-trabajo”.

“Estamos frente a un gran desafío, hay que abordarlo desde un lugar interdisciplinario. Como jurisdicción tenemos que tener algún tipo de regulación, hay que revisar esta ley, tampoco me convence el sistema sancionatorio y el tema de los seguros”, agregó y concluyó señalando que es necesario “trabajar con velocidad, compromiso y profundidad pero démosle un orden”.

Cabe destacar que en la reunión también estuvieron presentes los diputados Daniel Del Sol, Gastón Blanchetiere, Matías López, Claudio Romero, Paola Michielotto, Claudio Cingolani, Gimena Villafruela, Esteban Garrido, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Victoria Roldán Méndez (VJ), Martín Ocampo, Leandro Halperín, Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev), Juan Manuel Valdés, Lucía Campora, Claudia Neira, Santiago Roberto (FdT) y Sergio Abrevaya (GEN).

El proyecto en debate

La medida plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

El proyecto también plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.

En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.