En una nueva escala de la pelea creciente que vienen librando el oficialismo y la oposición en el Senado, la confrontación esta vez se dio nuevamente en una reunión de comisión. Fue la de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Angeles Sacnun, cuando se abordó el proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones Crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la Empresa Vicentin.

Esta vez no hubo cruces: inmediatamente después de haber expuesto Oscar Parrilli los fundamentos de su iniciativa, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado leyó un comunicado elaborado por su bloque en el que consideraban que lo que se estaba debatiendo era “un proyecto sin razón que busca ocultar cuestiones de gravedad”, tras lo cual los miembros de Juntos por el Cambio que integran esa comisión se retiraron de la  misma.

En caso de ser creada, la comisión tendrá 6 senadores y 6 diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por 6 meses más, y facultades para llevar adelante su cometido para exigir la documentación correspondiente.

Ya lo había anticipado Parrilli al iniciar su exposición. Acababan de analizar un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al que todos habían elogiado. Lo que venía, en cambio, “no tendrá la misma unanimidad”, admitió el extitular de la AFI, que a continuación aclaró que ese proyecto había sido presentado el 27 de abril pasado, atento a los hechos que acababa de denunciar el actual director del Banco Nación Claudio Lozano, impulsor de una denuncia penal por posible defraudación contra las anteriores autoridades del BNA al otorgar préstamos a Vicentin, excediendo “todos los límites posibles, agravado porque la empresa estaba ya en concurso de acreedores”.

Los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.

Oscar Parrilli

Tras recordar que entre los incumplimientos de pagos de Vicentin hay 2.500 productores a los que no les abonaron el monto de la producción del año pasado, Parrilli puntualizó que “pretendemos que esta comisión no solo investigue las posibles irregularidades registradas, no desde el punto de vista penal, cosa que corresponde a la Justicia, pero sí cuáles fueron las acciones económicas por parte del Banco Nación, cuáles los controles del Banco Central y la actitud de los directivos de la empresa, si fueron conscientes de que estaban llevando adelante una maniobra lesiva de los intereses, que perjudicaba no solo al Banco Nación, sino también a los productores”.

Parrilli habló de la posibilidad de “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.

A la hora de citar antecedentes, el ex secretario general de la Presidencia mencionó la que en la década del 30 investigó la defraudación al Estado por la venta de carnes, en cuyo marco un senador fue asesinado en el Congreso de la Nación. Citó también la que en 1974 investigó las relaciones del Estado nacional con Aluar, y hasta la recientemente creada bicameral para investigar la deuda contraída durante la gestión macrista.

“Desde mi punto de vista y en el ánimo de los senadores que suscribimos este proyecto, una de las labores y responsabilidades que tenemos es velar por los intereses del Estado. La empresa ha violentado los intereses del Estado argentino”, dijo y anticipó que “si corresponde”, harán oportunamente la denuncia correspondiente.

Con relación al dictamen que a continuación pasaría a la firma y fue alcanzado, Parrilli señaló que “los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.

Retirada de Juntos por el Cambio

Habló a continuación la senadora Laura Rodríguez Machado, que en nombre del interbloque anunció que habían decidido que “nuestra incorporación se va a referenciar a través de una nota que vamos a remitir oportunamente”. La misma tiene cinco puntos que leyó a continuación:

• 1) Es de público y notorio conocimiento que se halla abierta y en trámite una causa en la justicia con el mismo objeto que se enuncia en el artículo 1°. No se entiende entonces la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas con toda seguridad en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente.
• 2) En la práctica lo que se propone es un nuevo avance de un poder sobre otro superponiéndose en el normal funcionamiento institucional y lesionando seriamente el principio de división de poderes que caracteriza al principio republicano de gobierno.
• 3) Por la amplitud y el objeto de las facultades palmariamente desproporcionadas que se asignan en el proyecto a la pretensa comisión sin duda alguna la propuesta tiene todas las características de las comisiones especiales fulminadas por el art. 18 de la Constitución Nacional por lo que se estaría violando flagrantemente la garantía contenida en dicha norma.
• 4) No se entiende la necesidad de tamaño desgaste parlamentario tanto presupuestario como operativo siendo que las actuales autoridades han sido designadas por el gobierno actual y está en sus manos toda la información que puede interesar a nivel del Congreso de la Nación.
• 5) Por estas razones es posible asegurar que la propuesta carece de razonabilidad desde todo punto de vista y parece estar apuntada a crear en la opinión pública un estado de conmoción para ocultar otras cuestiones de mucha mayor gravedad que están alterando el ánimo social y que son imputables exclusivamente al gobierno actual.

Tras la lectura de esos argumentos, Rodríguez Machado anunció que se iban a retirar por una reunión “muy importante” que tenían y pidió a las autoridades de la comisión que estuvieran atentos para que se mantuviera el quórum necesario para despachar los proyectos que estaban siendo tratados, teniendo en cuenta que por ejemplo se habían retirado los senadores catamarqueños para participar de la visita (luego suspendida) del presidente Alberto Fernández a su provincia.

Rápido de reflejos, apareció en el zoom el senador Dalmacio Mera, uno de los que se habían ido, que anticipó desde la calle que acompañaría el proyecto de la constitución de la bicameral, por ser el Legislativo “un poder independiente” que tiene “las facultades de constituir comisiones a los efectos de investigar. No tenemos jurisdicción penal, pero tenemos que saber qué pasó con una empresa que tuvo la posibilidad de tener 18 mil millones de dólares de préstamos”.

“Tenga la plena seguridad que estamos controlando permanentemente el quórum”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión, que más tarde detalló la presencia de los senadores Alberto Weretilneck, Carlos Espínola, Nancy González, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Adolfo Rodríguez Saá, Silvia Sapag y la propia Sacnun, cuestión de no dejar margen de dudas.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti habló luego, para cuestionar a los senadores que se habían ido: “Creo que en vista del republicanismo y la división de poderes que la senadora preopinante dice o pretende defender, este Congreso tiene las plenas facultades de ocuparse de un tema tan preocupante como es una de las mayores estafas que pudo haber sufrido el Estado nacional respecto de préstamos del Banco Nación, el BICE, el Bapro, la AFIP…”.

“Uno de los argumentos que escuché para huir del debate de esta comisión es que ya hay una causa judicial”, mencionó la senadora mendocina, que luego recordó la constitución de la Bicameral del ARA San Juan, que realizó “una investigación independiente muy profunda durante un año y medio, con cientos de testimonios; hoy la causa sigue, pero el Congreso de la Nación hizo un informe por unanimidad diciendo qué es lo que había pasado con la desaparición y el hundimiento del submarino”.

Fernández Sagasti remarcó que “ninguno de los argumentos técnicos ni políticos dan argumentos para la huida de Juntos por el Cambio de dar este debate que creo que es crucial en la Argentina”.

La senadora señaló que cuando “una pyme que va a pedir préstamos a cualquier banco le piden hasta un análisis de orina… Y el Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantías. Y el 40% se lo dieron en noviembre de 2019, casi 7.000 millones en noviembre de 2019, cuando el anterior gobierno se estaba yendo… Sin decir que fueron uno de los principales aportantes de la campaña de Mauricio Macri”.

La senadora de La Cámpora señaló que “en 2018, cuando implosionó la burbuja financiera del macrismo, esta firma preparó dos empresas, en Uruguay y Paraguay, par air transfiriendo todos los bienes y acciones a paraísos fiscales. De eso estamos hablando cuando decimos que queremos investigar lo que  pasó con la defraudación al Estado nacional y a todos los argentinos”.

“No vamos a ser cómplices de un gran grupo empresario en el robo al Estado”, enfatizó luego, para advertir luego: “La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.

Más tarde volvió a pedir la palabra para hacer referencia a la presentación realizada por 25 diputados encabezados por sus comprovincianos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, que precisamente este viernes presentaron un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre el grupo Vicentin. “Y huyen de la discusión para que institucionalmente se investigue lo que sucedió. La verdad que la poca coordinación o la poca inteligencia que tiene Juntos por el Cambio alarma…”.

Tras una serie de discursos en los que legisladores del Frente de Todos y el rionegrino Alberto Weretilneck justificaron la necesidad de crear esa bicameral y fustigaron la actitud de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, reprochó la postura de la oposición con similares argumentos a los que había dado el día anterior en el recinto. Al citar por ejemplo el tema del presunto espionaje ilegal que se le adjudica al Gobierno anterior. Y volvió a insistir en la necesidad de tratar en el Congreso todos los temas, y no, como sostiene la oposición, solo los relacionados con la pandemia, mientras las sesiones sean remotas.

La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.

Anabel Fernández Sagasti

En ese marco alertó sobre lo que consideró “una operación” en ciernes, en referencia a la aparición de un exespía israelí con supuestas pruebas sobre el caso Nisman. Así las cosas, habló de una “contraofensiva” planteada “justo que aparece el tema de los servicios de inteligencia”.

“Molesta mucho lo que estamos haciendo; ya apareció el grupo de apoyo, hay que tener mucha convicción para conseguir la liberación de nuestra patria”, remarcó el formoseño, y alertó que “hay que tener cuidado; la operación más grande va ahora contra la vicepresidenta”.

Y continuó: “Este espía israelí apareció ahora (…) Sé que el centro del ataque es la presidenta (del Cuerpo). Ella representa los intereses de los que no tienen derechos”.

“Todos saben lo que era Vicentin. ¿Qué van a querer una empresa testigo; ni nunca van a querer”.

Sobre el final, Mayans insistió en la existencia de “enemigos de afuera, enemigos de adentro, y también idiotas útiles. Patria y antipatria… Vamos a ver cómo se sigue manejando todo esto, no va a ser fácil, porque los operadores que tienen son muy fuertes. Esa operación que viene de Israel me hace pensar en otra cosa. Esta es la punta del ovillo”.