Los legisladores de ese espacio impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de intervenir esa empresa. “El DNU implica el ejercicio de facultades que el presidente de la Nación no tiene”, advirtieron.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anuncio la intervención de Vicentin, los diputados de Vamos Juntos presentaron un proyecto de declaración mediante el cual prevén que la Legislatura de la Ciudad exprese su repudio a la sanción por parte del Gobierno nacional del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020, que dispone la intervención de dicha empresa.
Al mismo tiempo que advirtieron que “tal acto de gobierno resulta inconstitucional y atenta contra la independencia de los demás poderes del Estado”.
En los fundamentos de la medida, los oficialistas aseguraron que “el DNU implica el ejercicio de facultades que el presidente de la Nación no tiene, toda vez que la Constitución Nacional en ningún momento le otorga la facultad de intervenir una sociedad comercial (ni siquiera en forma transitoria, como el DNU pretende)” e insistieron en que “resulta claro que la intervención de la empresa Vicentín S.I.A.C. por parte del Poder Ejecutivo constituye el ejercicio de una atribución que no la corresponde y, por ende, inconstitucional”.
Sobre esa misma línea, explicaron que “la promulgación del DNU constituye una avance ilegal sobre los poderes judicial y legislativo, dado que el primero ya se encuentra tratando la situación de la empresa Vicentín en el marco legal correspondiente y en el ejercicio de las atribuciones que le competen y le son propias (la empresa se encuentra en concurso preventivo ante un juzgado de la provincia de Santa Fe), y solo es el poder legislativo el encargado de, previa sanción de la correspondiente ley de declaración de utilidad pública y expropiación, determinar la toma del control de una sociedad privada por parte del Estado”.
“En tercer lugar, el DNU constituye una violación de la propiedad privada al disponer que un poder -que no tiene facultades para hacerlo- determine la intervención de una empresa que, además, ya se encuentra sujeta a un proceso concursal ante el poder correspondiente (el judicial)”, añadieron y concluyeron destacando que “el procedimiento de concurso preventivo prevé en sí mismo todos los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de la compañía mientras se resuelve la situación con sus acreedores, resultando completamente improcedente la intervención de cualquier actor externo ajena a la causa judicial en el manejo de la compañía mientras dure el proceso mencionado”.
La medida lleva la firma de María Luisa González Estevarena, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Natalia Fidel, Guillermo Suarez y Gimena Villafruela (VJ).
