Referentes de distintas cámaras del sector pidieron regular claramente el concepto de “desconexión digital” y advirtieron que el consentimiento y la reversibilidad para esta modalidad debe ser acordada por ambas partes y no unilateralmente. También expusieron jueces laborales y especialistas.
En una nueva reunión informativa, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados retomó este lunes el debate sobre el proyecto de ley para regular el teletrabajo, y contó con la participación de representantes del sector empresario, jueces laborales y especialistas.
Al comienzo del encuentro, la presidenta de la comisión, la oficialista Vanesa Siley, destacó el “trabajo muy profundo” y “con buena fe y coordinación” que los distintos bloques están realizando en torno a la iniciativa.
“Es una demanda social que se regule el teletrabajo; sabemos que esta modalidad va a quedarse en algún porcentaje mayor después de la pandemia”, sostuvo y confirmó que el próximo miércoles, a partir de las 15, se buscará emitir dictamen al proyecto consensuado.
La opinión del sector empresario
Los referentes de distintas cámaras empresarias apoyaron avanzar con la iniciativa, pero plantearon una serie de reparos y cuestiones a tener en cuenta para lograr un “equilibrio” en la relación entre el empleador y el empleado.
Desde la Unión Industrial Argentina, Carolina Castro, prosecretaria del comité ejecutivo, señaló “el trabajo remoto no es un fin en sí mismo, es de alguna manera la consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios”. Advirtió entonces que “muchas empresas que están muy por debajo del potencial de utilización de esta modalidad y eso tiene que ver con el problema que tenemos para digitalizar nuestra economía”.
Castro pidió escuchar “la voz de los empresarios”, porque “son los que determinan dónde y cuánto se invierte y, por tanto, cuánto empleo se genere”. Por eso, solicitó a los diputados “lograr una norma que tenga consenso social y que incentive la iniciativa privada”.
Por la UIA también expuso Laura Giménez, jefa del departamento de política social, quien se refirió a algunos puntos del proyecto borrador. En primer lugar, subrayó que “es importante que el proyecto no se extienda sobre algunos aspectos que deben dejarse para la órbita de cada actividad, que deben tratarse en el ámbito de la negociación colectiva o individual”.
Sobre el consentimiento a este tipo de modalidad, remarcó que “debe ser acordado en forma voluntaria por las partes” y “deben garantizarse las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo”. En ese sentido, Giménez apuntó que el pedido de reversión debe ser tanto por el empleador como por el trabajador, con “un plazo de 30 días de pre-aviso, igual para las dos partes”.
En cuanto a las tareas de cuidado, alertó que “no deberían tratarse en forma aislada” y tampoco imponerse “condiciones de difícil cumplimiento”, ya que eso “podría producir un desincentivo a esta modalidad”. En tanto, sobre la desconexión digital consideró que “no es posible simplificar esto con requisitos globales” porque “cada actividad requiere un traje a medida”.
También solicitó que “la entrada en vigencia de la ley se disponga para 180 días después del cese de las medidas de emergencia sanitaria. Esto va a permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar conflictos que pueden derivarse de la colisión entre las nuevas imposiciones y las formas de teletrabajo que se han venido implementando a la fecha”.
Por la Cámara Argentina de Comercio, Esteban Mancuso consideró que “no queda claro cuál va a ser el criterio o cómo se va a implementar desconexión”, un tema clave ya que está relacionado con la extensión de la jornada correspondiente.
El coordinador de asuntos laborales de la entidad, además, planteó la cuestión sobre “qué cobertura brindarían las ART, y qué valor tendrían las alícuotas”. “Con esta modalidad el riesgo de accidente disminuye, pero la cobertura se extendería a una multiplicidad de hogares y podrían terminar aumentando el valor de las alícuotas”, sostuvo.
Por su parte, Ricardo Diab, vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, alertó que “si esto no es beneficioso para ambos sectores va a ser muy difícil la implementación” y dijo que en la iniciativa son “demasiadas las condiciones que se le exigen al empleador”, por lo que recomendó tener “una mirada equilibrada”.
A su turno, Julián Moreno, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, se refirió a las medidas que tendrán que tomarse para “demostrar la relación de dependencia” y “que esto no derive en la precariedad laboral, como vemos con los trabajos de aplicaciones”. “Necesitamos que el marco sea claro, que no haya recovecos por donde evadir cuestiones de reglamentación”, agregó.
El presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leo Bilanski, manifestó su preocupación por “el tema de las prestaciones transnacionales: no podemos abrir la puerta a un esquema de contratación de trabajadores extranjeros”. Por otro lado, pidió que en el primer año de aplicación de la ley, se exceptúe de realizar “cualquier inversión” a aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores.
Además, en la primera ronda de expositores dieron su opinión Javier Montalbetti, presidente de la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones; y Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software.
La voz de los jueces laborales
Durante otro tramo de la reunión, Marcela Vodeb, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, manifestó que “no se puede desconocer que hay ciertas particularidades en este tipo de prestación que obligan a hacer un encuadre jurídico específico”.
Para la titular de Amatra, la reversión de la modalidad “que pretenda hacer el empleador debe estar consentida y consensuada por el trabajador”. “Esta modalidad no puede implicar de manera alguna renuncia total o parcial de derechos contenidos en la Ley de Contrato del Trabajo”, resaltó.
En tanto, Graciela Craig, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, indicó que países como Inglaterra, Holanda y Estados Unidos han implementado el teletrabajo, pero “son países con un sistema avanzado de conectividad e interacción informática”. “La pandemia ha obligado a los trabajadores aggionarse” en Argentina, “pero no todos están en igualdad de condiciones”, advirtió.
Además, se refirió al tema de género, y explicó que si bien se piensa que esta modalidad “mejora la calidad de vida de las mujeres en cuanto a la relación familiar, al facilitarles las atareas de cuidado”, también puede representar “una dificultad para el desarrollo profesional de las mujeres” por una “disminución en la competitividad con el resto de los trabajadores, porque no se encuentra presente” en el lugar de trabajo.
El exdiputado Héctor Recalde, abogado laboralista, expuso este lunes y subrayó que estamos “en un momento de muchísima precarización”. “Me da la sensación de que tenemos que tener muchísimo cuidado con la emergencia”, señaló y añadió: “En algún momento dado tenemos que volver a la normalidad global, porque la pandemia va a pasar. Estoy pensando en la emergencia, más que en el ‘para siempre'”.
Alertó que no se puede pensar en “un trabajador libre, sin condicionamientos” por el solo hecho de estar en su domicilio, por eso “es muy importante la presencia sindical”. “Es un gran desafío tratar de llegar a una solución lo más equilibrada posible”, completó.
En la segunda ronda de invitados, también expusieron Viviana Díaz, abogada y coordinadora del programa teletrabajo del Ministerio de Trabajo (2003-2016); Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; y Ramiro Albrieu, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
