Vamos Juntos y la UCR-Evolución buscará avanzar esta semana con un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para el funcionamiento de aplicaciones de celular del estilo de Pedidos Ya, Rappi, entre otras. Desde la oposición exigen cambios y mayores obligaciones para las empresas.
Luego de que en la última sesión ordinaria el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidiera que se retirara del temario el proyecto en cuestión, el oficialismo porteño prevé avanzar con una normativa que regule la actividad de las aplicaciones de deliverys en la Ciudad y buscará que la iniciativa de autoría de Cristina García (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev) sea sometida a votación este jueves.
La decisión de García Vilas de posponer el tratamiento del texto se debió a que no habían alcanzado los acuerdos suficientes como para lograr los 40 votos necesarios para aprobarlo. Esto se debió a que los diferentes sectores de la oposición insistieron en las empresas –tales como Rappi, Glovo, Uber Eats, Pedidos Ya, entre otras- tengan más responsabilidades.
De esta manera, el proyecto plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.
Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.
La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.
Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.
Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.
También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos. En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.
