Inocultable, la protesta del Día de la Bandera exteriorizó un extendido disconformismo. Caben variopintas interpretaciones, pero se identifica un denominador común: la propiedad privada es el límite, porque si se lo traspasa perderemos la libertad. Por eso, acreedores de Vicentin, sus empleados y obreros, cooperativistas, vecinos de la ciudad donde está emplazada, ruralistas de la zona y gentes urbanas y rurales de todo el país salieron a manifestar su rechazo a la expropiación. Los reclamantes no saben con precisión el alcance legal de un decreto de necesidad y urgencia, su constitucionalidad ni cuál es la frontera precisa de la autoridad presidencial que fija el artículo 109 de la Constitución. Empero, sí tienen conciencia que si se permite que pase esta expropiación peligrará definitivamente todo el capítulo primero de la Constitución Nacional, el de Declaraciones, derechos y garantías individuales y colectivas de nuestra nación. 

Todos los demandantes del respeto a la Constitución intuyen que la empresa casi centenaria seguramente algún desaguisado cometió, más allá del vasto desarreglo de nuestra macroeconomía que es una invitación permanente a incurrir en moras, romper cadenas de pagos, necesitar auxilios extraordinarios y demás. Por eso, una ciudadana sintetizó en una de las marchas: “Si robaron en Vicentin, que lo investigue la Justicia, pero con la propiedad privada no se metan”. Tengo la impresión que el presidente no alcanza –o no quiere–s comprender esa distinción que formuló la gente. Muchas veces la simpleza del llano ayuda a entender las mayores complejidades. 

La ciudadanía está sintiendo que el gobierno ejecutivo se encamina hacia una saga autoritaria que está en el ADN del régimen gobernante, a pesar de intentos de republicanizarlo por parte de importantes sectores desgajados de su núcleo. Máxime cuando los vaticinios de lo que sobrevendrá a la pandemia son de que habrá ‘más Estado’, sin la más mínima aclaración de que ese mayor rol del Estado requerirá una honda y previa reforma del que hoy tenemos -¿padecemos?- burocrático, costosísimo, mastodóntico. En ese contexto, fluyen con naturalidad dos recuerdos perniciosos, envenenados: uno, el “exprópiese” de Hugo Chávez cuando en una larguísima transmisión televisiva- que aquí se divulgó mucho -, con un histrionismo burdo, ‘expropiaba’ a diestra y siniestra, desde una minera aurífera hasta una PyME; el otro, el ‘vamos por todo’ que la señora Fernández de Kirchner, a la sazón presidente, le expresó a una diputada adicta en pleno palco del Monumento Nacional a la Bandera al festejarse el 29 de febrero de 2012 el bicentenario de la creación del gran Belgrano. El ‘exprópiese’ de Chávez terminó en la pobreza, hambre, emigración, deconstrucción de uno de los países más ricos del planeta, Venezuela. El ‘vamos por todo’ culminó en 2015 en un país deficitario, con 30% de pobreza, encepado, plagado de planes asistenciales, pulsado por increíbles impuestos y con el partido gobernante derrotado en las urnas. 

El país aspira hoy a un Estado rescatista, pero no intervencionista. Es otro deslinde que el presidente parece no aprehender. Queda claro que no es perito de fronteras. Entrar, rescatar y salir. Eso es lo que hacen todos los países del mundo, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, hasta la misma China. Auxilian a las empresas para que retomen su vitalidad, no para adueñárselas. 

Para colmo irrumpen en la escena eslóganes cual ponzoña de víbora. “Soberanía alimentaria”, consigna tan ridícula como penosa. Si desean abordar la soberanía, hagan algo en serio por la soberanía monetaria, a ver si alcanzamos a gozar de un sigo monetario con peso, digno de nombre. 

La ciudadanía no requirió de mayores datos para intuir que el Gobierno va por la renta del más productivo de nuestros sectores, el agrícola. Sin exagerar, no sólo va por el complejo portuario Timbúes – Villa Constitución con epicentro en Rosario, sino hasta por las tierras. A la ideología imperante no le arredra el estrepitoso fracaso del colectivismo soviético o del ‘socialismo s.XXI’ del chavismo. Están convencidos que hay que abordar la última gran caja que queda. Tomarla por asalto. Nada mejor que la crisis sanitaria para practicar esa nefanda operación. 

Desgraciadamente, la ideología estatista va en línea de profundizar el (des)concepto de que todo emprendedor es un explotador. Al principio, pichón. Pero para ellos a la larga será un expoliador, un apropiador de la renta que en su astigmatismo no le pertenece. Con esas ‘ideas’ la pobreza se extenderá inexorablemente con el correlativo desplome de las clases medias. Por eso la irrupción del 20 de junio. Es que la amenaza es grande y grave.

La reacción no fue por Vicentin, sino por lo que simboliza. Fue por la propiedad privada, pero más que por ella, por no aceptar el avasallamiento.

La cuestión es tan profunda y crucial que hasta los acreedores salieron en defensa de su deudor.