La iniciativa de Lucila Lehmann dispone que quien se encuentra condenado por un delito contra la administración pública no perciba ningún haber de privilegio por el doble de tiempo previsto en la condena.
La situación del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en relación a los haberes que en su momento ANSeS había denegado, reflotó antiguas controversias legales y éticas que deben ser resueltas definitivamente.
“Resulta moralmente reprochable que el funcionario que fue condenado por delitos contra el Estado, perciba de este mismo Estado beneficios de privilegio en razón de su función, cuando fue precisamente por ella que cometió un delito contra la administración en perjuicio de la sociedad toda; estoy convencida de que las normas legales no pueden prescindir de correctos encuadres éticos”, afirmó Lehmann.
El proyecto es acompañado por los diputados Leonor Martinez Villada, Javier Campos, Alicia Terrada, Ruben Manzi, Paula Oliveto, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mariana Zuvic.
