Cuando el partido gobernante tiene mayorías aseguradas en sus ámbitos legislativos su compromiso con el diálogo democrático se agudiza, si a esa situación se le incorpora una crisis mundial, que lleva al país a vivir en un estado de excepción permanente y creciente, la responsabilidad con este diálogo se expande exponencialmente. 

El Congreso de la Nación es, sin dudas, el espacio más dialógico del sistema democrático. Allí todos los partidos nos comprometimos a debatir y tratar, hoy de manera remota, los temas que tuvieran que ver con la pandemia, y los desafíos al que el COVID-19 nos enfrentaría. De esta manera el congreso garantizó su función democrática más fuerte que nunca. 

Sin embargo, este acuerdo que se vence en unos días ya ha sido roto por el oficialismo, quién no solo ha incluido cuestiones que nada tenían que ver con la emergencia que produce la pandemia, sino que, mucho más grave aún, ha bloqueado sistemáticamente el tratamiento a los proyectos de Juntos por el Cambio. Proyectos que pretendían impactar positivamente en la crisis, tales como los que prohíben que el estado sea accionista en las empresas que haya ayudado económicamente durante la pandemia, la reducción temporaria del 30 % del sueldo a jueces, legisladores y funcionarios de gobierno, la suspensión de la actualización jubilatoria por decreto, destinar los bienes recuperados por delitos a la compra de insumos médicos entre otros. 

La paradoja es haber invertido tanto, para que se pudiera sesionar de manera virtual, incluso con pedidos de autorización innecesarios a la Corte Suprema de la Nación -en una especie de montaje teatral- en orden a la preocupación exacerbada que la vicepresidenta parecía tener sobre la legitimidad de los actos que allí sucederían. Sin embargo, ha quedado claro que el interés del sector kirchnerista del frente gobernante, parece no ser muy afecto a cumplir con los acuerdos, que establecieron la prioridad legislativa de un congreso activo y presente para dar respuestas a la emergencia producida por la pandemia.  

El caso Vicentin, es un claro ejemplo de una solución desproporcionada para ese conflicto, una demostración más de un ideario kirchnerista que parece no escuchar el fuerte arraigo, que el derecho constitucional le confiere a la propiedad privada en nuestro país. Lo mismo ocurrió cuando pretendieron generar estrategias que permitieran la soltura masiva de presos. Sería conveniente que se tomara registro, sobre lo que ocurre cada vez que se quieren atropellar de esta manera los derechos.  

La calle se ha convertido en el espacio de protesta de todo el pueblo argentino. Lejos están los tiempos en que solo algunos sectores se movilizaban. El marco de participación política y la manifestación pública se ha ampliado. Los argentinos aprendimos, crecimos como sociedad y entendimos que la calle es de todos.  

Los efectos de la pandemia sumados a los de la cuarentena están minando la economía nacional y, por lo tanto, la de centenares de hogares argentinos. La sociedad ha madurado y no le firma cheques al portador a ningún partido. Es imperioso comenzar a construir los consensos que nos permitirán construir una salida ordenada de la cuarentena.  

Desde Juntos por el Cambio queremos aportar ideas para afrontar los días por venir apuntando a una rápida reactivación de la economía. Seguiremos acompañando en todo lo que el gobierno necesite para hacer frente a la pandemia que nos azota como ya lo hemos hecho, por ejemplo, con la negociación de la deuda. 

En momentos como estos, es cuando más se hace necesario incorporar los equilibrios que las diferentes miradas proponen, la cuales lejos de ser excluidas, debieran ser comprometidas para transitar en un esquema de corresponsabilidad las graves dificultades que se avecinan. No nos vamos a sentar a esperar que nos digan que votar, que decir o que pensar. Tenemos muchas diferencias en cómo hacer las cosas. Y lo vamos a hacer saber. Con respeto por la república y sus instituciones. Y con la firmeza que la hora requiere.