Media sanción en Diputados a la nueva ley de economía del conocimiento
La iniciativa se aprobó por 246 votos a favor y 2 en contra. Con los beneficios que establece el régimen para las empresas del sector, se prevé duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones de acá a diez años.

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de una nueva ley de economía del conocimiento, por 246 votos a favor y 2 en contra, de los legisladores de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. El oficialismo no introdujo ni aceptó cambios a la hora de la votación en particular, propuestas por Juntos por el Cambio.
A través de esta iniciativa, que tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, se establecen una serie de beneficios que prevén duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones del sector de acá a diez años.
El miembro informante del oficialismo, Pablo Carro, sostuvo que esta ley “va a definir una política de Estado para los próximos 10 años” y señaló que el sector se ubica como el tercero en lugar de exportaciones, con el 8%, lo que permite “un ingreso de 6 mil millones de dólares al año”. Además, destacó que “casi todos los dólares que ingresan al país son dólares que se quedan”.
“Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy, entre empleos directos e indirectos estamos hablando de 500 mil”, indicó, con lo cual se estima “llegar a un millón” en un década, al tiempo de pasar del 8% de las exportaciones al 15%.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática afirmó que el proyecto tiene “una impronta inclusiva, federal, con perspectiva de género” y es “de carácter progresista y progresivo”.
“Con este proyecto estamos diversificando la matriz productiva nacional, generando empleo de calidad, vamos a incorporar a miles de jóvenes al mercado laboral formal, vamos a generar polos de desarrollo federal y vamos a permitir que con exportaciones ingresen divisas que quedan en el país”, enfatizó.
El cordobés también ponderó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se modificó “escuchando a todos los sectores involucrados, pensando un proyecto de ley que se ajuste a lo que necesita el sector específicamente, y discutiendo con todos los sectores de la oposición”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Karina Banfi subrayó que “el potencial que tiene este sector es incomparable” y consideró que, en este tema, “el Gobierno tuvo una buena visión: no tenía sentido sacar esta ley solos”. Recordó entonces que el proyecto enviado en febrero pasado “era insuficiente”.
La radical destacó que desde el interbloque opositor propusieron “mantener el autodesarrollo; limitar la discrecionalidad del consejo consultivo; lograr mejoras en los beneficios tributarios, el impuesto a las Ganancias y las contribuciones patronales; flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia, porque es necesario que se ponga activa de manera urgente; y establecer escalonamientos del porcentaje por tamaño de empresa”.
“Necesitamos potenciar dos industrias, la del agro y la de la industria del conocimiento. Ahí está la llave de nuestro éxito para crecer”, expresó, y advirtió que en el país se necesita “un plan económico, certeza jurídica y no asustar a los inversores”.
Banfi resaltó que desde Juntos por el Cambio encontrarán predisposición para debatir sobre inversiones y productividad, pero no estarán dispuestos si la “idea” del Gobierno es ayudar a las empresas “para después quedarse con ellas, insistir con expropiaciones o usar el Congreso para legitimar irregularidaderes”. “Ahí nos van a encontrar al lado de la gente, tocando bocinas en las calles y, si no nos dejan, búsquennos en las redes sociales y los diarios”, agregó.

También desde la UCR, Luis Pastori habló de “un retroceso sobre el espíritu de la ley anterior en cuanto a los incentivos fiscales”. El misionero detalló que esta nueva propuesta no contiene la “cláusula de estabilidad fiscal”, por ende “le quita uno de los principales atractivos de la ley, que tiene que ver con la seguridad jurídica”.
El legislador cuestionó además los cambios en las contribuciones patronales y los ingresos por exportaciones, y el hecho de que la rebaja del impuesto a las Ganancias “solamente se calcule sobre las ganancias que provengan de la actividad promovida y no de las ganancias en general”, lo que “obliga a las empresas a llevar una doble contabilidad”.
Por el Interbloque Federal, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) enfatizó: “No le tenemos que tener miedo a la iniciativa privada en nuestro país, tenemos que alejarnos de debates que atrasan, llenos de prejuicios. Necesitamos de un capitalismo nacional, progresista”.
Para el santafesino, “el desarrollo económico necesita de dos patas fundamentales: un Estado inteligente, probo, y una iniciativa privada vigorosa”. “Esta ley nos da una oportunidad de encontrar una herramienta fundamental para el desarrollo”, añadió.
Por su parte, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que la iniciativa tiene “gato encerrado” porque “los dueños de las empresas que facturan por encima de los 20 mil millones de pesos” será “muy beneficiados con esta ley”.
Sobre ese aspecto, el mendocino señaló que el “bono fiscal, el pagar un porcentaje muy chico del impuesto a las Ganancias, reducir los aportes patronales, y no pagar Ingresos Brutos en las provincias en donde se adhiera esta ley” son beneficios “que vienen pidiendo a gritos muchos empresarios” que “quieren flexibilización laboral y reforma tributaria”.
Ramón agregó que el “gato encerrado” tiene “nombre y apellido” y mencionó a empresas como Cablevisión, Pampa Argentina, Telefónica, Claro, entre otras.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño cuestionó que en lugar de discutir el impuesto a las grandes fortunas, se debata “cómo se le dan beneficios con la rebaja de contribuciones patronales y de las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas denominadas ‘de la economía del conocimiento’”.
“Esto no es el desarrollo de la economía del conocimiento, sino la apropiación privada del conocimiento. Es falso que esto beneficia a las PyMEs”, advirtió el representante del PTS, al denunciar que la ley beneficiará a grandes firmas como Roemmers y Cargill, “empresas que además pican en punta en lo que hace a la precarización de los trabajadores”.
Última oradora del debate, la oficialista Rosana Bertone destacó: “Tenemos los argentinos un saber hacer en nuestros trabajadores que es impresionante, reconocido en el mundo. Tenemos creatividad, capacidad”. Al opinar que esta ley “viene a ratificar” eso, la fueguina señaló que “lo que queremos es favorecer a nuestra industria, a nuestros trabajadores”. “Bregamos para que tengamos un alcance mayor en el transcurso de 10 años, de más trabajadores en esta industria”, completó.

Puntos principales
El Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, y envió en el mes de febrero un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados.
Tras negociaciones entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa sufrió modificaciones y se dictaminó con consenso en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, durante mayo pasado.
El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.
En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.
Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.