Diputados nacionales de la oposición solicitaron al Gobierno nacional que amplíe los programas de asistencia económica a las instituciones de gestión privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, que desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 están atravesando una situación muy delicada.

Vale resaltar que la mayoría de este tipo de instituciones depende del pago de las cuotas para solventar gastos y pagar salarios, y desde que comenzó el aislamiento disminuyeron considerablemente sus ingresos, donde muchos de ellos se vieron obligados a cerrar, y otros cientos están en riesgo.

Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Francisco Sánchez, David Schlereth, Gisela Scaglia, Adriana Cáceres, María Luján Rey, Hernán Berisso, Natalia Villa, Victoria Morales Gorleri, Omar De Marchi, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.

Al respecto, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Mercedes Joury sostuvo que “estamos pidiendo la ampliación de la cobertura, la flexibilización de los requisitos de acceso y el incremento del monto del subsidio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los jardines maternales y de infantes del país”.

Por su parte, Lorena Matzen (UCR-Río Negro) expresó que “estamos frente a una obligación indelegable de los responsables del Estado, el acompañamiento en el mantenimiento de una función que por sí mismo no cumple, y a la que deberán volver a recurrir miles de niños y niñas una vez superadas las actuales circunstancias pandémicas. El Estado debe estar presente y acompañar, con medidas reales para garantizar su  sostenimiento y futuro”.

Los diputados del interbloque también solicitaron el desarrollo de líneas de créditos a tasa cero para todas las instituciones, y la implementación de un Fondo Especial de Ayuda Económica a partir de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Durante estos más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como producto de dicha crisis, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.

“Negar una respuesta, que debe darse urgentemente, podría implicar llevar a la quiebra a instituciones que en algunos casos llevan muchos años de servicio, con lo que la pérdida además de económica también podría ser en experiencia pedagógica y de vínculos con sus comunidades”, afirmó el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez.

Este contexto crítico se repite en varias provincias de todo el país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay aproximadamente 250 instituciones privadas en riesgo, y jardines maternales cerrados en Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López, entre otros municipios. En Mendoza, por su parte, ya cerraron de manera definitiva 21 jardines maternales, y una situación similar se vive en la provincia de Neuquén, que cuenta con 45 jardines maternales en riesgo atravesando una grave situación económica. En Río Negro, existen más de 60 jardines maternales, muchos de los cuales están en riesgo de cierre, haciendo peligrar el trabajo de más de 1000 trabajadores y las vacantes de más de 4500 niños y niñas.

“Esta situación, de no solucionarse, terminará complicando aún más al sistema educativo inicial en los establecimientos de gestión estatal, por lo que miles de niños y niñas pueden llegar a correr el riesgo de quedarse sin vacantes en los jardines maternales y de infantes”, finalizó Joury.