Hace apenas un año aprobamos la ley de economía del conocimiento en la Cámara de Diputados, y hace pocos días la modificamos en muchísimos aspectos. Algo anda mal. 

Si bien la reforma que aprobamos mejora la ley, todo lo que rondó su aprobación original y la modificación que votamos, es negativo para nuestra República. 

El texto original fue acompañado por todos los diputados de los distintos bloques. Pasamos por un trámite en comisiones y en el recinto express. Únicamente este diputado se opuso a muchos de los puntos flojos que tenía el texto original, impulsando modificaciones en la Comisión y en la Cámara en la votación. No porque no apoyáramos la ley, sino porque era notorio que no se habían realizado los análisis necesarios y porque bajo el paraguas de apoyar a los chicos, se escondían los grandes. 

Ni la bancada oficialista actual (opositora entonces), ni la bancada opositora actual (oficialista entonces), tuvieron ningún problema con el texto que se aprobó. 

Sin embargo, poco más de 6 meses luego de aprobar la ley, cambio de gobierno mediante, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley por una simple resolución, y no digo un DNU, ni digo un decreto, digo una simple resolución (la 30/2020 del Ministerio de Producción). Se suspendió el ingreso al registro de la ley. Unilateralmente el Ejecutivo, del partido que votó sin problema una ley, la suspendió. 

Raro nuestro sistema de partidos, que, en tan pocos meses, tiene tantos reparos a lo que aprobaron por unanimidad hace tan poco tiempo. 

Las ventajas de la ley, y quienes se las llevan 

Cuando se aprobó la ley el año pasado (y ahora cuando se modificó) no se hizo un impacto económico de esta ley. Y no hablo únicamente del enorme costo fiscal que estas excepciones van a tener (por el simple hecho de que grandes sectores de nuestra economía van a entrar en estos incentivos), si no que ni se intentó medir efectivamente quienes se llevarían mayormente la porción de estos beneficios y quienes no.  

Esto no es un tema menor: esta ley viene a otorgar una flexibilización del trabajo y una reforma impositiva profunda en la Argentina. 

Recién en el Senado se realizó un informe que estimó que, de máxima, los beneficios para las empresas podían implicar el 3% del PBI del país. 

Las ventajas impositivas para las empresas son enormes en este régimen, que incluye desde el software (que ya contaba con el estímulo desde hace más de una década), hasta las empresas de telecomunicaciones, pasando por laboratorios médicos, empresas de servicios y tantos otros sectores más. 

Se otorga estabilidad fiscal para todos los tributos nacionales, un bono anual de crédito fiscal por hasta un 1.6 veces de las contribuciones patronales efectivamente pagadas (bastante mayo al de la ley del software que era del 70%), se desgrava el 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio y se disminuyen los aportes patronales fuertemente. Una contundente reforma impositiva general (porque alcanza a enormes sectores de la economía), encubierta en un estímulo fiscal sectorial. 

Entre los pocos argumentos aportados por el Gobierno actual, estuvo el del enorme costo que tiene para el erario el texto aprobado el año pasado. Pero me pregunto ¿Dónde está el informe económico del Gobierno actual? 

Nuestro interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apoyó esta reforma, a pesar de los reparos y de todas las propuestas que hicimos que no fueron escuchadas, porque creemos que es mejor que la ley aprobada el año pasado y porque el sector del software no puede estar de rehén. 

Simplemente voy a marcar lo que sigue faltando, y la falta de discusión de esto, es grave para nuestro país. Es grave porque no podemos aprobar las leyes vendiéndolas como una cosa, cuando son otra. 

Yo recuerdo a las PyME que pasaron por la comisión cuando se aprobó la ley, los emprendedores, las pequeñas industrias. El problema es que esta ley va a beneficiar muchísimos más a las grandes empresas que a las pequeñas, ya que todos los beneficios carecen de segmentación. Aun cuando ahora se generaron algunos beneficios extras para los pequeños, no es lo mismo el costo presupuestario de bajar en más de la mitad el impuesto a las ganancias a un pequeño estudio que hace páginas web, que a un laboratorio médico multinacional o a una empresa de explotación petrolera o de telecomunicaciones (que no vinieron a defender el proyecto, aun cuando se beneficiarán enormemente a futuro). Los primeros invierten en el país, los segundos se llevan las ventajas. El primero le costará al fisco miles de pesos anuales, mientras que los segundos, cientos de miles de millones de pesos. Al tratar a todos como iguales, se acrecientan las desventajas. Darles estabilidad a los pequeños es una medida comprensible y que ayuda a su crecimiento, dársela a los segundos, es atar al estado nacional de manos: congela la política impositiva, en un país con índices de pobreza y desigualdad que van en aumento hace tiempo. 

El proyecto que presentamos propuso excluir de los beneficios a las empresas con facturaciones brutas de aproximadamente, más de 20.000 millones de pesos anuales. Empresas gigantescas. Increíblemente, si bien nunca se las defendió públicamente, sí se rechazó esta posibilidad de plano una y otra vez. Parece que a pesar de la emergencia que declaramos en diciembre, y de la que estamos viviendo hoy en día, tenemos que darles a las empresas más grandes de la argentina estabilidad fiscal, excepciones en ganancias, disminución de aportes patronales, bonos fiscales.  

Esto que estoy planteando es básico y tiene enorme implicancia en la economía nacional. Yo me pregunto, cuando escuchamos quejas por la enorme carga presupuestaria de las jubilaciones, cuando se piden nuevas fórmulas, cuándo se habla de la necesidad de bajar los costos laborales: si las empresas más grandes de la argentina no van a pagar estos sistemas, ¿quién lo va a pagar? 

Esta ley, la original y la que quedará luego de esta reforma, otorga ventajas enormes a las empresas más grandes del país. No nos hagamos los tontos.  

Como diputado, no vine a este Congreso a beneficiar a las grandes empresas, yo vine a controlar a las grandes, proteger a las medias e impulsar fuerte a las PyMEs, los consumidores y los trabajadores. 

Esta ley, es injusta, si aporta a aumentar la concentración en la argentina. Y la reforma que votamos hace unos días, no viene a arreglar esto. No podemos seguir bancando más concentración, ni más beneficios para arriba. 

El camino es al revés.