La legisladora nacional de Juntos por el Cambio Roxana Reyes presentó un proyecto para todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado deban capacitarse obligatoriamente en derechos de niños, niñas y adolescentes.
La diputada nacional Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, presentó un proyecto de ley para que todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado deban capacitarse obligatoriamente en derechos de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto establece que será la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia la autoridad de aplicación y la encargada de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
“El objetivo es que todos los funcionarios públicos de todos los niveles y jerarquías conozcan y cumplan con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron consagrados en el derecho internacional”, explicó Reyes.
La iniciativa de la legisladora de Juntos por el Cambio se da en el marco de las recientes denuncias por abuso sexual infantil contra el exconcejal de Río Gallegos Emilio Maldonado, en el que las madres de las niñas abusadas relataron los obstáculos y la falta total de contención y asesoramiento que recibieron por parte de las autoridades policiales, municipales y provinciales.
“Al relatar los hechos que tuvieron que soportar ambas familias luego de animarse a hacer las denuncias, se pone en evidencia la negligencia del Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la falta de conocimiento por parte de los miembros/as de la burocracia estatal. Estas fallas son sistemáticas en los distintos escalafones de la administración pública”, manifestó al respecto Reyes.
El proyecto hace mención al compromiso internacional asumido por nuestro país de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de niños niñas y adolescentes tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual dispone de jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.
“El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia, y a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. La dimensión y la gravedad de estas situaciones vuelven imprescindible el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas de abuso sexual”, concluyó la legisladora santacruceña.
