Democracia rota

Por Silvia Giacoppo. La senadora nacional de Juntos por el Cambio denuncia que el oficialismo, al tener una mayoría, se permite “ser indiferente del cumplimiento de las normas no se puede soslayar”.

Cuando la norma empieza a ser que no se respetan las normas, cuando los acuerdos no se cumplen o cuando los reglamentos no funcionan como regla, algo está mal. Cuando eso sucede en las instituciones que deben sostener la democracia no hay forma de no advertir que algo se rompió. Hoy, y basados en las últimas experiencias, podemos señalar que estamos frente a una democracia rota. La nuestra. Y eso es grave, muy grave. 

Días atrás, antes de que sucediera la última sesión en el Senado, señalaba en otra nota que el acuerdo de sesionar sobre temas vinculados a la pandemia “que se vence en unos días ya ha sido roto por el oficialismo, quién no solo ha incluido cuestiones que nada tenían que ver con la emergencia que produce la pandemia, sino que, mucho más grave aún, ha bloqueado sistemáticamente el tratamiento a los proyectos de Juntos por el Cambio”. Agregaba que “en momentos como estos, es cuando más se hace necesario incorporar los equilibrios que las diferentes miradas proponen, la cuales lejos de ser excluidas, debieran ser comprometidas para transitar en un esquema de corresponsabilidad las graves dificultades que se avecinan.  No nos vamos a sentar a esperar que nos digan que votar, que decir o que pensar. Tenemos muchas diferencias en cómo hacer las cosas. Y lo vamos a hacer saber. Con respeto por la república y sus instituciones. Y con la firmeza que la hora requiere”. 

Pero el kirchnerismo impone permanentemente su lema de “ir por todo”. Y así nos encontramos el jueves pasado –nuevamente- tratando temas que no hacen a la temática acordada y menos aún a las urgencias de nuestro pueblo. 

Porque las urgencias del oficialismo van por caminos totalmente diferentes. En especial si de intereses económicos se trata. Y más aún si esos intereses no son de actores afines a su ideología. Pregonan el fin de la grieta pero sus acciones no hacen otra cosa que no sea ensancharla. Así, entonces, nos pusieron a debatir sobre la creación de una Comisión Bicameral de “investigación selectiva” sobre la empresa Vicentin. Digo selectiva porque limita la investigación, y créanme, es en lo único que se limita, a lo ocurrido entre los años 2016 y 2019. 

¿Con qué criterio hacen este quiebre temporal? ¿Sólo por el signo político del gobierno de turno o para saber si realmente alguien se quedó con el dinero de los argentinos, como expresa en sus fundamentos? ¿La investigación, como declaman, busca rescatar a la empresa o sólo es una excusa para avanzar con algún tipo de venganza contra funcionarios del gobierno anterior? 

Según algunas declaraciones recientes de un socio accionista de la empresa en cuestión “Durante el gobierno de Cristina Kirchner, Vicentin recibió más asistencia crediticia que durante el gobierno de Macri”. Es por ello que, si quisieran saber realmente qué pasó, deberían al menos hacerlo sin este límite temporal caprichoso. 

Además, debemos analizar fundamentalmente la cuestión constitucional de este proyecto. El Estado debe ejercer su poder soberano dentro de los márgenes dados por la Constitución Nacional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos entre ellos y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

Una de las diferencias más importantes entre un Estado democrático y otro de sesgo totalitario es el respeto a los derechos y libertades fundamentales, empero ello, no es menos importante el respeto a los medios utilizados para alcanzar los fines políticos, económicos o sociales deseados. Si los medios son arbitrarios y avasallan derechos, nos encontramos frente a una sociedad que transita los caminos del autoritarismo. 

Y hoy tenemos ante nosotros un proyecto que no cumple con ninguna de las previsiones constitucionales ni reglamentarias. 

Las comisiones de investigación del Congreso no pueden arrogarse funciones judiciales por lo que de manera alguna podrían investigar presuntos delitos, ni poner en práctica actuaciones que no respeten ni garanticen el debido proceso adjetivo. No negamos la facultad de este Congreso para investigar, pero ello debe realizarse dentro de los márgenes puros de nuestras competencias y para poder hacerlo con éxito debemos tomar todos los recaudos, ser muy minuciosos, para no cometer errores que luego lamentaremos. 

Y, si miramos la letra de este proyecto aprobado de facto por el Frente de Todos, nos presenta una descripción detallada de competencias judiciales y no de los ámbitos de incumbencia del Poder Legislativo. Debemos ser muy cuidadosos con esto, pues somos uno de los tres poderes que representan la garantía republicana, debemos estar muy atentos y no atribuirnos facultades de los dos otros poderes, por más tentador que ello parezca. 

La gravedad perturbadora de que tener una mayoría permite ser indiferente del cumplimiento de las normas no se puede soslayar, el proyecto de la Bicameral de Investigación se votó, pero no se aprobó más allá de los argumentos y comunicados que presente el oficialismo. Necesitaban los dos tercios de los miembros de la cámara. 48 votos. Obtuvieron 41. Y quieren forzar el reglamento para que se apruebe con esa mayoría simple. Evitemos romper lo establecido. Evitemos seguir rompiendo nuestra democracia.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password