Diputados sanciona ley que plantea la donación de plasma de interés provincial

El proyecto de ley que declara de interés provincial la donación de plasma rico en anticuerpos a pacientes infectados de Covid-19, por parte de pacientes recuperados.

La legislatura bonaerense en una única jornada sancionó en la Cámara baja un proyecto de ley que se presentó en la Cámara alta por el senador del FdT Luis Vivona, y que refiere a la donación de plasma.

Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados presidida por Federico Otermín aprobó el proyecto de Ley, que deberá abordar el Senado, de autores varios, para la creación del Plan Provincial de Donación de Plasma de Personas Convalecientes, en el marco del Sistema Provincial de Hemoterapia y el Registro Único de Donantes. Declarando de interés provincial la donación de Plasmas de personas convalecientes de Covid-19.

Como complemento, se le dio el visto bueno a una declaración del presidente de la Cámara baja, el diputado del FdT Federico Otermin, que considera de interés legislativo las campañas de difusión promovidas por la Defensoría del Pueblo bonaerense, tendientes a alentar la donación de plasma por parte de personas recuperadas de covid-19.

En otro orden, pero en la misma sesión, los miembros de la Cámara baja terminaron con el trámite parlamentario que prorroga los beneficios impositivos para el sudoeste bonaerense, de forma tal que por cinco años más, los distritos de Patagones, Villarino, Puán, Saavedra y Torquinst.

Esos distritos del sur bonaerense podrán gozar de beneficios fiscales a partir de la prórroga de las leyes 12.322 y 12.323 y sus modificatorias, ahora sancionada por los Diputados.

Así, se establecen exenciones impositivas para las actividades productivas del sector agropecuario, el comercio y la industria de los partidos mencionados, que se encuentran en inferioridad de condiciones climáticas, geográficas y productivas respecto del resto del territorio bonaerense.

Por cuerda separadas, prosiguiendo con el plenario remoto, se aprobó un proyecto de ley del diputado Nicolás Russo que establece la obligatoriedad de una capacitación en la temática de género para autoridades y personal de clubes e instituciones deportivas de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la denominada “Ley Micaela” aplicada a estas instituciones deportivas, cuyas autoridades serán las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, así como el modo y forma.  Los contenidos curriculares son los establecidos en la ley de “Protección integral para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, en la ley provincial y los que decida la autoridad de aplicación.

En el mismo sentido, se avanzó un proyecto de ley para la protección y contención de clubes de barrio y asociaciones civiles que establece tarifas cero o de consumo real en servicios públicos, exenciones impositivas y la gratuidad de los servicios bancarios y jurídicos.

Esta iniciativa fue impulsada por el presidente de la bancada del FdT, el diputado Facundo Tignanelli, pero la sorpresa vino de la mano de la bancada de JxC solicitó autorización a la presidencia del cuerpo para abstenerse.

Acto seguido los legisladores aprobaron el proyecto de ley de adhesión a la Ley 27.548, denominada “Ley Silvio” en homenaje al enfermero bonaerense fallecido por coronavirus Silvio Cufre, es una iniciativa que crea un “Programa de Protección al Personal de la Salud” en el marco de la emergencia sanitaria.

También se avanzó en la aprobación de un proyecto de Ley sobre suministro eléctrico por la cual las empresas o instituciones que antes de la pandemia pagaban un cargo fijo de luz o gas y hayan sufrido una reducción del 50% o más en su demanda de eléctrica o gasífera podrán suspender el pago o realizar pagos parciales.

Este proyecto es impulsado por el diputado Daniel Lipovetzki, pero debe ser considerado por el Senado para terminar su trámite parlamentario.

Por último, entre otras cuestiones, los diputados bonaerenses aprobaron un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para los doctores de prescribir en recetarios digitales donde conste su nombre, profesión y domicilio. Para que las recetas sean firmadas electrónicamente, fechadas e indiquen el diagnóstico y dispensa.

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