Diputados de la UCR encabezados por el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentaron este jueves un proyecto de resolución para convocar a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara baja por la destrucción de silobolsas en varias localidades del país.

Los legisladores quieren que las funcionarias den cuenta de las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos que están sufriendo los productores agropecuarios y conocer también si existe algún plan para evitar la propagación de dichos actos de violencia contra la propiedad privada rural, especialmente contra silobolsas.

Junto a Negri firmaron el proyecto de resolución Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria; Atilio Benedetti, extitular de la Comisión de Agricultura; y Jorge Vara, exministro de Producción de Corrientes.

Los diputados radicales reclaman la concurrencia de Frederic y Losardo para evaluar detalladamente esta situación, que se está propagando a lo largo y ancho del país.

“En función de las explicaciones e informaciones brindadas por las ministras se podrá evaluar con mayor precisión la necesidad de realizar ajustes normativos, determinar si la actual legislación constituye una causa efectiva de los llamativos y recientes ataques a los productores agropecuarios, y considerar y evaluar las futuras estrategias para desalentar este tipo de delitos”, explican en los fundamentos.

De esa forma, los diputados se diferenciaron del titular de la Cámara, Sergio Massa, que en las últimas horas presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de “vandalismo rural”.  

Negri, Buryaile, Benedetti y Vara sostuvieron que el Código Penal ya cuenta con sanciones “para quienes cometan el delito de daño y además prevé el agravamiento de la pena cuando ello suceda en circunstancias como despoblado y en banda (artículos 183 y 184)”.  

“Todo sistema legal es mejorable y perfectible, pero no parece que sea una laguna del Derecho la que hace atractiva esta modalidad delictiva. Existiendo sanciones fijadas por la ley para quienes cometan esos actos, las autoridades y los funcionarios públicos pueden y deben tomar cartas en el asunto, sin perjuicio del trámite que puedan tener los distintos proyectos en tratamiento en el Congreso”, agregaron.