El diputado nacional de Juntos por el Cambio presentó una denuncia contra el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad y administración fraudulenta”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff denunció al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad y administración fraudulenta”.
Asseff argumentó que la Oficina Anticorrupción “se constituyó en querellante en la causa que involucra al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou en la posible comisión de delitos de acción pública”, de tal manera que la ANSES resolvió el 20 de noviembre del 2018, no otorgar la asignación mensual vitalicia que le corresponderían por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre los años 2011 y 2015.
Para dicha decisión el organismo se basó en dos dictámenes de la Oficina Anticorrupción y uno de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El presidente del partido UNIR sostuvo que los beneficios de la ley de Jubilaciones y Pensiones de Legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Judicial “no alcanzan a quienes haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”.
De tal modo que -argumentó- “no se le puede otorgar dicho beneficio al exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner”.
La procuración del Tesoro, a cargo actualmente de Carlos Zanini, calificó de “nulidad absoluta” a las resoluciones de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción, resolviendo que se le otorgue el pago de una pensión vitalicia a Amado Boudou, pese los dictámenes referidos.
“Con este irregular cambio de criterio el expresidente Amado Boudou recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema”, señaló Asseff.
Se trata de un sueldo equivalente a cuatrocientos mil pesos, con carácter de renta vitalicia, sumados a los pagos atrasados de los últimos cuatro años, calculados en veinte millones de pesos.
“Esto ha producido un sentimiento de rechazo y ha provocado que la credibilidad de la ciudadanía argentina sea escasa”, pues “se puede fácilmente llegar a conclusión, que la resolución que habilita a un condenado por corrupción a cobrar una millonaria jubilación vitalicia no es una acción aislada, sino una estrategia de las más altas autoridades del Gobierno, de crear un precedente, ante la proximidad de futuros fallos condenatorios”, concluyó el legislador.
