Vallejos: “Garantizar un piso vital daría un piso de libertad para no aceptar sueldos miserables”

En sintonía con la iniciativa gubernamental, la diputada Fernanda Vallejos alentó la posibilidad de implementar un salario universal para combatir la pobreza y en pos de la recuperación de la economía en la etapa post pandemia.

Frente a la crisis económica sin precedentes producto de la pandemia y la herencia socioeconómica macrista, la diputada Fernanda Vallejos respaldó la implementación de un ingreso universal, medida que estudia el Gobierno nacional y que se aplica en otros países, destinada a aportar una base de ingresos para aquellos sectores informales de bajos ingresos o que perdieron sus actividades de sostén.

“Es una salida muy interesante, un tema que se viene debatiendo hace mucho tiempo y en este contexto de pandemia donde debates que parecían que venían de lejos, están cobrando mucha mayor fuerza”, sostuvo la economista durante el panel virtual “Situación Económica y social post pandemia: estrategias para la equidad”, organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También participó Claudio Katz, economista investigador del Conicet.

La iniciativa se viene analizando en distintas partes del mundo y más aún en los últimos meses, cuando la pandemia destruyó millones de fuentes de trabajo. Según el último Panorama Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el segundo trimestre de este año se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo. A esto se añadió que la recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta por el avance de la pandemia.

Frente a este cuadro de situación, Vallejos remarcó el valor económico de un ingreso universal. “Hay experiencias concretas que se realizaron en muchos países del mundo y han sido muy exitosas por la importancia que tendría para muchos argentinos y argentinas tener un ingreso mínimo vital asegurado que permita satisfacer las necesidades más esenciales”.

“Pero también tiene importantes aristas virtuosas que exceden lo estrictamente económico”, destacó. “Tiene que ver con lo más profundo de la libertad de las personas, porque tener garantizado un piso vital por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana de un país le otorgaría a la ciudadanía un piso de libertad para decidir sobre su propia vida”, prosiguió la legisladora. “Así, por ejemplo, poder elegir no aceptar trabajos denigrantes o salarios miserables a cambio del esfuerzo de su trabajo. Esto es un elemento muy importante”, subrayó.

Katz, por su parte, señaló que “nos deslizamos a una crisis económica de grandes proporciones, después de dos años recesión”. Ante esto, propuso “pensar políticas económicas para revertir el desastre a enfrentar. Hay que pensar concretamente en la redistribución, con un ingreso universal significativo y aumentos salariales”.

El tema está en la agenda del Gobierno, como una herramienta para combatir el aumento de la pobreza. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que analiza propuestas con el fin de disponer ingresos básicos para los sectores informales, que incluso antes de la pandemia venían afectados por las políticas regresivas del macrismo.

Otros países han aplicado ingresos universales para garantizar pisos de derechos sociales y encarar la recuperación económica post pandemia. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) vigente desde el 1º de junio alcanzará a 2,3 millones de personas, y oscila entre los 460 euros para un adulto que viva solo y los 1.000 euros para hogares de cinco miembros.

Deuda externa e impuesto a la riqueza

Otros ejes del panel pensando en la recuperación post pandemia fueron la reestructuración de la deuda que lleva adelante el ministro de Economía Martín Guzmán, la investigación del Congreso sobre las eventuales irregularidades en la toma de deuda del gobierno Mauricio Macri y el proyecto del Frente de Todos en Diputados de aporte extraordinario de las grandes fortunas para engrosar la capacidad fiscal.

Vallejos refirió a la investigación de los procedimientos mediante los cuales el gobierno de Macri contrajo su deuda externa, que realiza la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, de la cual forma parte. Afirmó que durante el macrismo “hubieron una serie de irregularidades que tienen que ver con incumplimientos con las normas vigentes, por eso es preciso mejorar el marco legal sobre el endeudamiento”.

Vallejos se refería al impacto del endeudamiento externo en la balanza de pagos y el destino del crédito externo, que a su juicio violó la prohibición expresa de utilizar los recursos de la deuda con fines de financiar gastos corrientes. También sostuvo que Macri eludió la obligación del Congreso para autorizar el crédito stand by con el FMI por más de u$s 57.000 millones, de los que se desembolsaron u$s 44.500 millones.

“Hubo un plan de saqueo del gobierno de Mauricio Macri, donde la deuda externa y la fuga de capitales tuvieron un rol central”, subrayó la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Katz, en tanto, también fustigó la relación entre la fuga de capitales y el endeudamiento externo durante el período macrista. “Es ilegítimo que toda la sociedad argentina pague por lo que hizo un puñado reducido de personas con sus negocios”, cuestionó.

En el plano tributario, Vallejos y Katz coincidieron en la necesidad de un aporte extraordinario de las grandes fortunas del país, debido a que son estos sectores los que acumulan sus riquezas en guaridas fiscales evadiendo al fisco argentino.

“Según los registros de AFIP, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos ese porcentaje se eleva al 80%”, precisó Vallejos. “Pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados por el INDEC no habían sido reconocidos ante el fisco argentino”, puntualizó.

En este sentido, consideró que son estos sectores quienes deberían hacer un esfuerzo en medio de la pandemia, al igual que lo hace el resto de la sociedad. “Un desafío mayúsculo, en pos de la justicia fiscal, es ampliar la base imponible: que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios”, concluyó Vallejos.

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