Desde Juntos por el Cambio salieron a expresar sus dudas y reclamos ante el asesinato de Fabián Gutiérrez, quien había declarado como arrepentido en la causa de los cuadernos.
Las alertas ya se habían accionado a partir de la desaparición de Fabián Gutiérrez el jueves pasado. La aparición de su celular tirado y sangre en su domicilio hacían vislumbrar lo peor, que se confirmó con la aparición de su cadáver este sábado.
Legisladores de Juntos por el Cambio salieron inmediatamente después a alertar sobre las consecuencias de este episodio y pedir un rápido esclarecimiento. Como el presidente del interbloque Juntos por el Cambio del Senado, Luis Naidenoff, quien sostuvo que “la aparición sin vida de Fabián Gutiérrez, uno de los arrepentidos procesados en la causa de los cuadernos, es un hecho institucional gravísimo”.
En el mismo sentido el presidente del bloque Coalición Cívica-ARI de Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez es un crimen de extrema gravedad institucional y nos refiere a una trama mafiosa. Pedimos que su investigación reciba la mayor atención y transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país”.
Desde el radicalismo, su presidente, el mendocino Alfredo Cornejo, advirtió que “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional”.
Su comprovinciano Luis Petri señaló que “el Gobierno debe explicar que garantías ofreció desde diciembre para proteger y dar seguridad a todos los testigos y arrepentidos por causas vinculadas a la corrupción y cómo piensa hacerlo a partir de ahora. Es imprescindible contar con una Agencia de Protección independiente”. En ese sentido Petri anticipó que “voy a presentar, y espero que esta vez se apruebe, mi ley de protección de testigos y arrpentidos por hechos de corrupción que ya presenté anteriormente reiteradas veces desde el 2014.
Desde el Senado, Silvia Elías de Pérez sostuvo que “la Justicia debe dilucidar rápidamente qué pasó con Fabián Gutiérrez. Además de que su crimen no tiene que quedar impune, se trata de uno de los arrepentidos que se encuentra procesado en una causa por corrupción que involucra a ex y actuales funcionarios”.
“No queremos hacer ningún tipo de especulación política. Pero, precisamente, necesitamos claridad en lo que ha sucedido. Flaco favor le hacemos a la lucha contra la corrupción si estas muertes quedan impunes”, agregó la senadora tucumana.
Por su parte, la diputada Mariana Zuvic señaló que “durante años denunciamos a la banda que secuestraba, extorsionaba a los valijeros y robaban en sus domicilios. Esa banda opera bajo el amparo del poder”. Por otra parte, Zuvic advirtió que “el juez, la ‘fiscal’ sobrina de Cristina Kirchner, parte de la policía, el Intendente, son la misma banda que encubrió y garantizó impunidad”.
A su vez, Paula Oliveto señaló que “cada día nos despertamos angustiados por la violencia y la impunidad que se apoderó de la Argentina. La justicia y Alberto Fernández son responsables de la seguridad de los testigos en causas de corrupción”.
“Necesitamos saber la verdad. Y para eso la fiscal debe apartarse ya mismo de la investigación”, señaló el diputado Álvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja. “La muerte de Fabián Gutiérrez es una señal de alarma y un mensaje para los testigos protegidos de la corrupción “K”. Es imperioso que el Gobierno refuerce la seguridad de quienes los han denunciado”, agregó.
Waldo Wolff, por su parte, salió al cruce del viceministro de Justicia, Juan Martín Mene, que apuntándole a la oposición consideró “vergonzoso hacer conjeturas”. “Vergüenza es que asuma como encargado de los testigos protegidos (representando a quienes ellos acusaron) y renuncien a su cuidado 123. La mitad del país mínimo les tiene miedo”, replicó el diputado del Pro.
Por su parte, Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, reclamó que la justicia federal “debe abrir ya mismo una causa para determinar las responsabilidades por la desprotección de un arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas”.
La santacruceña Roxana Reyes también recordó que “Fabián Gutiérrez era un testigo protegido, y como tal, debía cuidarlo el Estado; y no lo hizo. El Estado es responsable de este asesinato. Alberto Fernández y Cristina Kirchner son responsables. En este gobierno todo está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, el cual puede de manera discrecional, determinar qué situaciones pueden encuadrar o no en el programa de protección a testigos. Es vital para el país se investigue a fondo y de manera independiente. Sólo así habrá Justicia”.
“Llama la atención la cantidad de pruebas y rastros que enriedan el asesinato de Fabián Gutiérrez. Había declarado como arrepentido. En Santa Cruz hay cadenas de testaferros del poder y, cuando alguno fue preso, éstos han mejicaneado bienes generándose ajustes de cuentas mafiosos. “La investigación tiene que llegar a la verdad y es necesario que la sociedad argentina no tenga dudas de lo que pasó, sea cuál sea la verdad de la muerte de Fabián Gutiérrez”, señaló De Lamadrid.
“Es grave es que alguien que involucró a la ex Presidente en la comisión de varios delitos sea asesinado. Es grave que investigue la sobrina de la ex Presidente. El patrimonio declarado de Fabián Gutiérrez (36 inmuebles y 35 autos de lujo) es el mejor ejemplo de la plata que se movía alrededor de los Kirchner. Alrededor de la corrupción siempre hay crímenes”, señaló Gonzalo Del Cerro.
“Gutiérrez era un testigo que debía ser protegido por el Estado para que testifique en una causa por corrupción. Se repite una historia muy grave en nuestro país: las instituciones lo dejaron a su suerte. Sin garantías, la justicia es una quimera”, afirmó el diputado Juan Martín. Su par Brenda Austin afirmó que “la gravedad institucional que podría tener el asesinato de Fabián Gutiérrez, un arrepentido que fue testigo de la trama de corrupción del Gobierno de Cristina Kirchner, merece que la investigación no esté en manos de quienes deben ser investigados”.
Fiel a su estilo, el diputado Fernando Iglesias tuiteó con ironía, entre otras cosas: “Juan se cayó. Lourdes se cayó. Alberto se suicidó. Fabián era homosexual y debía plata. Si no te la creés, estás lleno de odio”.
El senador nacional del radicalismo Julio Martínez calificó el hecho como “de extrema gravedad institucional que no debe quedar impune”, al tiempo que Graciela Ocaña se hizo eco de un comentario del periodista Daniel Santa Cruz, que consideró “una locura” que apenas se hubiera encontrado el cuerpo se hablara de “crimen pasional-extorsivo”. “Qué rápido investigan en Santa Cruz”, agregó, a lo que la diputada señaló: “Con Nisman hicieron lo mismo”.
Desde la Legislatura porteña, el diputado Hernán Reyes (CC) recordó que “durante el gobierno de Cambiemos se decidió separar el sistema de protección de testigos del ámbito del Poder Ejecutivo, a los fines de generar mayor transparencia e imparcialidad”.
