La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside Alfredo Cornejo (UCR) se reunirá este martes a las 18 por videoconferencia para tratar los distintos proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector, producto de la pandemia del Covid-19.

Desde hace varios días, el Frente de Todos tomó contacto con el ministro del área, Matías Lammens, para elaborar una propuesta consensuada en base a un proyecto del formoseño Gustavo Fernández Patri, vicepresidente de la comisión.

Según supo parlamentario.com, el texto estaba siendo revisado por el Ministerio de Economía e involucra exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública y mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados.

En tanto, Juntos por el Cambio -con Cornejo a la cabeza- llevará a la reunión su propia iniciativa, que busca declarar la emergencia turística con efecto retroactivo al mes de marzo, cuando el Poder Ejecutivo declaró el aislamiento social.

Entre otras cosas, el texto de la oposición propone un programa de asistencia basado en un salario complementario, equivalente al 50% del salario neto, para los trabajadores turísticos en relación de dependencia del sector privado.

También contempla créditos a tasa cero para prestadores turísticos, con el objetivo de facilitar a las empresas, monotributistas y autónomos la adquisición de equipamiento sanitario, la aplicación de protocolos para retomar la actividad, el pago de servicios públicos y la cancelación de deudas asumidas antes del 19 de marzo.

Asimismo, las empresas turísticas quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios; del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a Ganancias como al IVA, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Asimismo, se generan mecanismos vinculados a libre disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo vinculado al IVA de no residentes, que afecta fuertemente al turismo receptivo.

Se establece, de igual modo, que durante la vigencia de la emergencia turística no se podrán promover procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, al igual que las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.

Por último, se promueven las reprogramaciones de viajes, estableciendo una reglamentación para las devoluciones que permita conciliar los derechos de los consumidores con la dura situación económica del sector.