Buscan regular los trámites y efectos de los DNU

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez presentó un proyecto para establecer la caducidad de los decretos presidenciales si no son aprobados expresamente por ambas Cámaras dentro de un plazo determinado.

Los diputados Jorge Enríquez y Luis Tonelli, junto a otros diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto destinado a modificar la Ley 26.122, que regula el trámite y los efectos de las disposiciones legislativas del Poder Ejecutivo, como los DNU

“Es necesario -sostuvo Enríquez- dar un giro copernicano a la ley que promovió en 2006 la senadora Cristina Fernández de Kirchner para fortalecer -antes que atenuar, como fue el objetivo de la reforma de 1994 que reguló estos decretos- el presidencialismo”. 

Para Enríquez, ese giro se obtiene, fundamentalmente, a través de la modificación del artículo 24, estableciendo la caducidad del decreto de que se trate si no es aprobado expresamente por ambas Cámaras dentro de un plazo determinado (que el proyecto fija en noventa días). 

De esta forma, sostiene que “se termina con el sistema actual, que mantiene la vigencia de los decretos que no sean expresamente rechazados por ambas Cámaras, lo que en la práctica equivale a otorgarle un sentido ratificatorio al silencio del Congreso y a permitir que el Poder Ejecutivo sancione leyes con el apoyo de una sola de las Cámaras, en abierta contradicción con el procedimiento de formación y sanción de las leyes, con el artículo 82, que veda la sanción ficta de las leyes, con el propósito de atenuar el presidencialismo que guió al constituyente de 1994 y, en fin, con la forma republicana de gobierno (art. 1°, C.N.) que se expresa, entre otros elementos, en el principio de la división de poderes”. 

Enríquez sostiene que es este criterio “el único compatible con el principio republicano de la división de poderes (art. 1°, CN), y con la expresa previsión que incluyeron los constituyentes de 1994”, y recordó el artículo 82, que indica: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.

Finalmente, señaló que también se ha previsto que la caducidad se produzca por el rechazo de una sola de las Cámaras, aún antes de vencido el plazo legal. “Con la regulación proyectada, se termina con la deriva autoritaria de presidentes que pretenden convertirse en supremos legisladores y vacían al Congreso de su función esencial”, concluyó.

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