Así lo determinó el juez Guillermo Scheibler, quien entendió que hubo un incumplimiento de una cautelar por parte del Gobierno porteño y estableció un plazo acotado para que se implemente un protocolo en esos lugares.
A más de 110 días de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el juez Guillermo Scheibler declaró el incumplimiento, por parte de Gobierno de la Ciudad, de la medida cautelar dictada el pasado 5 de junio para proteger a las personas en situación de calle frente a la pandemia de Covid 19. Además dispuso una multa de diez mil pesos, que se hará efectiva en la persona del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, hasta tanto se cumpla con el mandato judicial.
La presentación judicial fue realizada por la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, con patrocinio de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH). Según el nuevo fallo, el Gobierno porteño tendrá cinco días para notificar “a todos los dispositivos de la red de alojamiento de la Ciudad el Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de coronavirus en un hogar o parador transitorio para personas en situación de calle”.
Asimismo, deberá “asegurar su observancia en cada dispositivo y proceder al traslado de las personas con confirmación de Covid 19 a unidades extrahospitalarias”. En ese plazo, además, el Ejecutivo porteño deberá presentar “toda la documentación relativa a los testeos que se hubiesen realizado a las personas alojadas en los paradores, indicando fecha del testeo y resultado obtenido” como así también la referida a los planes de vacunación realizados en los dispositivos indicando total de personas alojadas al momento de realizarlos y cuántas recibieron la vacuna.
A su vez, se deberá asegurar “la vacunación contra la gripe a la totalidad de los residentes y trabajadores de los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad” y a todas “las personas que se encuentran en efectiva situación de calle, debiendo acompañar a la causa la planificación de tal medida y de su implementación, dentro del plazo de diez días”.
También deberá informar, dentro de los cinco días, “cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza”.
Al respecto de esta determinación judicial, Velasco manifestó que “es inadmisible que la Justica tenga que seguir exigiendo al Gobierno porteño que se ocupe de las personas en situación de calle” y precisó que “estamos hablando de una población extremadamente vulnerable, sin ninguna posibilidad de cumplir con las medidas de protección e higiene que se le pide a la sociedad para protegerse frente al coronavirus; no tiene casa donde hacer una cuarentena ni elementos de aseo e higiene”.
Además señaló que “si bien las plazas en los paradores han aumentado, no cubren ni a la mitad de personas que hoy viven en las calles de la Ciudad y aquellas que sí pueden acceder a algún dispositivo, no tienen la seguridad de estar protegidas porque los centros no cuentan con los protocolos ni las medidas adecuadas” e indicó que “necesitamos que el Gobierno porteño tome el tema con la urgencia y la seriedad que requiere y que se cumpla con la Ley 3.706, con políticas públicas activas y con presupuesto”.
“La situación vulnerada de más de 7.200 personas que hoy están en situación de calle en el distrito más rico del país, además de la de decenas de miles que se encuentran al borde del desalojo sufriendo el riego de calle, se recrudece en la pandemia”, precisó y concluyó remarcando “por eso, a fines de marzo presentamos proyectos que explicitan la Emergencia del sector para darle prioridad en el diseño de políticas públicas que den respuesta urgente. Lamentablemente el oficialismo no los pone en tratamiento en la Legislatura y tampoco cumple con las disposiciones judiciales”.
